El candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, denunció acciones de espionaje por parte del gobierno de Cuitláhuac García, en Veracruz, para frenar su candidatura con la imputación de delitos.
En sus redes sociales publicó un video en el que expone que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo acciones de espionaje de los teléfonos de políticos opositores, por lo que realizó dos peticiones ante un juez para intervenir su teléfono celular, bajo el argumento de que quería demostrar que no cumple con los requisitos para ser postulado por la alcaldía de la capital veracruzana.
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El panista señaló que la solicitud la realizó la fiscal de investigaciones ministeriales de la FGE, Marcela Aguilera Landeta, quien, dijo, argumentó que necesitaba ingresar al teléfono de Yunes Márquez para demostrar presuntos ilícitos; sin embargo, la petición le fue negada.
Yunes Márquez señaló que, además, han investigado su información personal a través de Teléfonos de México (Telmex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades migratorias, porque señaló que la intención de la FGE es tener identificada su ubicación en todo momento.
"Hoy denuncio la acción más peligrosa que han emprendido en mi contra, me refiero a la utilización de la Fiscalía General del Estado para tratar de echar abajo mi candidatura. La Fiscalía se ha convertido en el brazo ejecutor del gobierno del estado para perseguir opositores y meterse en el proceso electoral, la estrategia es activar denuncias y órdenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores de partidos distintos al del gobierno", aseveró.
El candidato del PAN a la presidencia municipal de la capital de Veracruz insistió en que el gobierno estatal busca "quitarme la candidatura a como dé lugar", por lo que "quieren imputarme delitos inexistentes y meterme a la cárcel".
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Aseguró que, por órdenes del gobernador Cuitláhuac García, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) también "tratará de quitarme mi candidatura".
Dijo que esta misma situación ya la vivieron Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal, así como Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz Roset, candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD a presidentes municipales de Tihuatlán y de Minatitlán, respectivamente, quienes están presos sin haber sido juzgados o declarados culpables de ningún delito.