Rodrigo Brand, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), informó este jueves que cada institución financiera se encargará de determinar la operatividad bajo la que obtendrán la geolocalización de los usuarios a partir del próximo 23 de marzo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, explicó que los bancos únicamente podrán saber la geolocalización de los clientes digitales cuando hagan uso de las aplicaciones móviles.

Te podría interesar: Bancos pedirán geolocalización de forma obligatoria para realizar operaciones digitales

“Lo que indica la norma es que la ubicación se utiliza para la realización de las operaciones. La idea es estar seguro que el dispositivo que se está usando es el que tenemos registrado”, detalló.

Añadió que algunos bancos ya tienen registrado los dispositivos de sus usuarios desde que instalaron la aplicación y aseveró que el resto de instituciones enviarán durante los próximos días, una guía para aprobar las condiciones sobre geolocalización.

“Se busca brindar mayor seguridad a los usuarios y blindar al sistema financiero e incrementar la confianza de nuestros usuarios”, acotó.

El pasado miércoles, la ABM informó que, a partir del próximo martes 23 de marzo, los bancos estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización de los dispositivos a través del cual sus clientes realizan operaciones o servicios.

También lee: Toyota y Honda recortará la producción de sus plantas en México

En un comunicado, indicó que la medida se hará extensiva para aquellos que busquen abrir cuentas o celebrar contratos con los bancos, según las nuevas medidas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.

"Lo anterior, de conformidad con la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de instituciones de crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)", señaló.

Según la resolución de la Secretaría de Hacienda, las nuevas disposiciones se hicieron tras una evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el fin de examinar el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.