Sara Cárdenas Arce, presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT) y quien también es entrenadora de las selecciones estatales de la especialidad, fue vinculada a proceso por el delito de responsabilidad profesional y técnica, tras la denuncia penal por abusos físicos y psicológicos en contra de un menor de edad en las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco).
En seguimiento a un reportaje de la revista Proceso donde se detalló el calvario que vivió la madre del menor, Gabriela Martínez Ledezma, quien presentó la denuncia hace 20 meses ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, el caso llegó a una vinculación a proceso.
Finalmente este lunes, tras la audiencia inicial, el juez consideró que hay elementos suficientes para acreditar la comisión del delito y la posible responsabilidad de Cárdenas Arce, además de fijar tres meses de plazo para que se realice la investigación complementaria, así como el desahogo y depuración de pruebas.
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La presidenta de la AJT llevará el proceso en libertad, pero con medidas cautelares, ya que no podrá acercarse al menor ni a su familia, además de que deberá presentarse al juzgado para firmar una vez al mes.
El delito de responsabilidad profesional y técnica, contemplado en el artículo 161 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, se castiga hasta con tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de la pena privativa de libertad impuesta.
DENUNCIA
Gabriela Martínez interpuso en junio de 2023 una denuncia ante la Fiscalía del estado de Jalisco, luego de considerar que su hijo fue violentado por los entrenadores Axayácatl Germán Ortega y David García, quienes se encuentran bajo el mando del cubano Rubert Martínez Texidor, así como por la propia Cárdenas Arce en su función como presidenta de la AJT.
Martínez aseguró en entrevista a Proceso que el caso ha estado marcado tanto por encubrimientos como por omisiones estructurales desde la dirección del CODE Jalisco, cuyo titular, Luis Fernando Ortega Ramos, recién giró un oficio de colaboración dirigido al Órgano Interno de Control (OIC) del estado de Jalisco, en el que solicitó se inicie un proceso de investigación administrativa.
Sin embargo, según la madre del menor, la cúpula del organismo está enterada del tema desde el inicio de los señalamientos hace casi dos años, cuando decidió denunciar los actos a los que fue sometido su hijo en los entrenamientos.