Por José Gerardo Mejía
Con el objetivo de acabar con la llamada burocracia dorada, principalmente en el Poder Judicial, diputados aprobaron por unanimidad el dictamen en lo general que prohíbe a servidores públicos tener un salario mayor al que percibe el presidente de la República.
Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 36 votos a favor para garantizar percepciones salariales justas acordes a la realidad económica nacional a quienes se desempeñan en el servicio público.
El proyecto enviado como iniciativa por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General en Materia de Austeridad Republicana.
“La remuneración que perciban magistrados, ministros y jueces y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo”, indica la el documento.
De acuerdo al dictamen, hasta el 2023, a nivel federal 2 mil 559 servidores públicos percibían salarios cuyo monto excede el del presidente de la República, que es de 136 mil 600 pesos mensuales; 2 mil 377 del Poder Judicial de la Federación (PJF) y 182 de cuatro organismos autónomos.
Además, en ese año, de las 32 entidades federativas que informaron sobre las remuneraciones de sus poderes locales, se detectaron 56 personas de los entes públicos que violan el tope.
“En 2023, el excedente respecto del monto del salario del titular del Ejecutivo federal sumaba 2 mil 264 millones 470 mil 727 pesos, de los cuales 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos provenían de integrantes del Poder Judicial de la Federación”.
Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales discuten en estos momentos siete reservas para poder votar el dictamen en lo particular.
Según el proyecto, “los ahorros que se generen en los presupuestos de egresos que correspondan como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad republicana y el ajuste de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar”.
