EFE.– El presidente del Parlamento de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, pidió este martes cárcel para el candidato de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, y para la líder antichavista María Corina Machado, a quienes acusó de ser los responsables de una “conspiración fascista” contra las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorga a Nicolás Maduro una controvertida victoria.
El también jefe del comando de campaña del chavismo dijo que el Ministerio Público tiene que actuar para que vayan presos ambos opositores, quienes —señaló— ordenaron y pagaron a delincuentes para que aterroricen a la población.
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Mientras Rodríguez comparecía en la Asamblea Nacional (AN), González Urrutia y Machado se concentraban con varios miles de personas en una zona de Caracas, donde pidieron a los ciudadanos que reclamaban al CNE las actas de las votaciones del domingo —con las que, aseguran, se podrá demostrar que el opositor venció a Maduro por un amplio margen— que continúen exigiendo conocer la verdad de forma pacífica.
“González Urrutia es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela”, dijo Rodríguez durante la sesión del Legislativo, controlado por el chavismo, durante la que, además, señaló al equipo de campaña del exembajador como el comando de acción violenta para intentar sembrar una guerra civil en el país.
Asimismo, cuestionó las actas que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura tener y que, según este sector, dan una “abrumadora” victoria a su candidato.
“Yo puedo ya mismo, denme cuatro horas, en cuatro horas puedo inventar 100 millones de actas donde 100% de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista”, expresó el jefe de la AN, quien calificó las declaraciones de la PUD como “patrañas”.
Desde este lunes, ha habido múltiples protestas en Caracas y buena parte del país en rechazo a los resultados brindados por el CNE, acciones respondidas, en algunos casos, con represión por parte de cuerpos policiales y militares.
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La oposición mayoritaria señala estas manifestaciones como expresiones espontáneas y legítimas, mientras que el gobierno las tacha de criminales y terroristas, a la vez que denuncia un golpe de Estado “fraguado nuevamente” por “factores fascistas de derecha extremista”.
Según organizaciones no gubernamentales, la acción de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones ha dejado, al menos, seis muertos y 84 heridos, mientras que la fiscalía contabiliza 749 detenciones.
