EFE.- El Estado de Bolivia será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusado de vulnerar los derechos de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron procesados en el país dentro de un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y que fue cerrado en 2020.
La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó en un comunicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado sobre la “presentación de la causa” a la Corte Interamericana “para el inicio de la fase contenciosa”, en la cual la entidad “asumirá la defensa de los intereses del Estado”.
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También señaló que la causa fue iniciada contra el Estado boliviano “y no contra alguna persona, autoridad o exautoridad en específico”, por lo que el fallo que emita la corte “también involucrará al Estado”, cuya defensa fue encargada a la Procuraduría “frente a evidentes actos separatistas planificados” y frenados “antes de su consumación”.
En 2022, se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborado ante una petición formulada por el abogado Gerardo Prado Herrera y por la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009 en la región oriental de Santa Cruz que dio lugar al llamado “caso terrorismo”.
La petición, presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018, alegaba la “responsabilidad internacional” del Estado boliviano por la “ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas”, es decir, Dwyer, el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza.
El “caso terrorismo”
En abril de 2009, una operación policial en un hotel de Santa Cruz se saldó con tres extranjeros muertos, incluido Dwyer, y la detención de Tadic y Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
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En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y 10 meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.
Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas en este caso siempre denunciaron que se inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz, e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, tras retirar sus acusaciones el entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía boliviana.
Acción internacional
En su informe, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías y protección judiciales en perjuicio “de las víctimas identificadas” en el documento.
El organismo hizo cuatro recomendaciones al Estado, entre ellas, reparaciones para las víctimas e “comenzar una investigación penal” para identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.
El Estado boliviano logró en cuatro ocasiones que la Comisión Interamericana le amplíe el plazo para “encontrar una solución amistosa” con los denunciantes y una quinta solicitud fue negada, por lo que ahora el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó a EFE el abogado Gary Prado Arauz, que defendió a varios de los acusados en el proceso en Bolivia.
De acuerdo con Prado, una eventual sentencia recogerá las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana que se convertirán en “obligaciones para el Estado”, por lo que tendrán que ser juzgados en Bolivia los presuntos responsables de las vulneraciones, incluidos exautoridades, investigadores y operadores judiciales encargados del “caso terrorismo”.
El abogado consideró que este momento “debería servir para que el gobierno del presidente Luis Arce modifique su conducta” y “cesen las violaciones que se están cometiendo” contra otros líderes opositores procesados actualmente por la crisis de 2019.
