AP.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación exhaustiva sobre la vigilancia en Louisville, Kentucky, por la muerte en marzo de 2020 de Breonna Taylor, quien fue asesinada a tiros por la policía durante una redada en su casa, anunció este lunes el fiscal general Merrick Garland.
Es la segunda investigación de este tipo sobre una agencia de aplicación de la ley por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una semana.
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La investigación anunciada es sobre el Gobierno Metropolitano del Condado de Louisville-Jefferson y el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville. Se conoce como un “patrón o práctica” -examinar si existe un patrón o práctica de vigilancia policial inconstitucional o ilegal- y será una revisión más amplia de todo el departamento de policía.
Se enfocará específicamente en si el Departamento de Policía de Louisville Metro se involucra en un patrón de fuerza irrazonable, incluso contra personas que participan en actividades pacíficas, y también examinará si el departamento de policía realiza detenciones, registros e incautaciones inconstitucionales y si el departamento ejecuta órdenes de registro ilegalmente.
También estudiará la capacitación que reciben los oficiales, el sistema implementado para responsabilizar a los oficiales y “evaluar si LMPD participa en una conducta discriminatoria por motivos de raza”, entre otras cosas.
Garland anunció la semana pasada una investigación sobre las tácticas de la policía en Minneapolis tras la muerte de George Floyd. El exoficial de la policía Derek Chauvin fue condenado la semana pasada por ese asesinato, pero nadie ha sido acusado en el de Taylor, aunque su caso también alimentó protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico.
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La muerte de Taylor provocó un debate nacional sobre el uso de las llamadas órdenes de registro de “no tocar”, que permiten a los agentes ingresar a una casa sin esperar y anunciar su presencia.
Las órdenes de arresto se usan generalmente en casos de drogas y otras investigaciones delicadas donde la policía cree que es probable que un sospechoso destruya las pruebas.
Los legisladores de Kentucky aprobaron el mes pasado una prohibición parcial de las órdenes de arresto. La medida solo permitiría que se emitieran órdenes judiciales de “no golpe” si hubiera “evidencia clara y convincente” de que el “delito alegado calificaría a una persona, si es declarada culpable, como delincuente violento”.
