Por José Gerardo Mejía
Con voz pausada y tono nostálgico, Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de Morena, afirmó que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es el mejor ejemplo de que hay una “ley anacrónica” para sancionar actos de corrupción de servidores públicos.
“Tenemos el caso de Alejandro Moreno, quien tenía una declaración de procedencia o desafuero por parte de la Fiscalía de Campeche y ni siquiera pudimos entrar al análisis del caso”, inició.
“El maestro Godoy” como lo llaman sus compañeros de bancada recordó que el caso del presidente del PRI se trató de discutir sin éxito en la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados, porque “no había condiciones de integración para que después un juez resolviera de los casos que se le acusan”.
Explicó que la SI está integrada por cuatro diputados, dos de la 4T y dos de la oposición: el propio Godoy y Jaime Humberto Pérez Hermosillo, José Elías Lixa, del Partido Acción Nacional (PAN) y Rubén Moreira, del PRI.
“Basta con que el bloque conservador no coincida para que el caso se empantane o haya un empate sus decisiones”, detalló.
Godoy Rangel mencionó que en defensa de Alejandro Moreno, argumentaron que “era un perseguido político, lo cual para nosotros no es cierto, porque se pretende que luego de una denuncia, sea un juez el que resuelva”.
“Los casos que han podido proceder es porque nosotros hemos aceptado el desafuero de compañeros, porque hay condiciones legales para que eso ocurra”, reprochó.
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El 17 de agosto del 2022, la Fiscalía General de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el retiro del fuero de Moreno Cárdenas para procesarlo por posible enriquecimiento ilícito.
“La ley no debe estar sujeta a vaivenes políticos y espero que lo hagamos en la siguiente legislatura y vamos a empujar para que eso ocurra”, cerró Godoy con tono optimista.
Por ello, Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente de la Comisión jurisdiccional de la Cámara de Diputados planteó la urgente necesidad de que el Senado envíe al recinto legislativo de San Lázaro, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
“Esta ley abrogaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, comentó este martes en reunión para presentar el informe final de la comisión que preside.
Y consideró que la actual ley mantiene “un rebuscado serial de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino más bien crear posibilidades para que un funcionario corrupto encuentre recovecos y eluda, la imposición de una sanción”.
“Es una ley anacrónica, plagada de vericuetos legales incompatibles con el combate a la corrupción y la impunidad”, enfatizó.
