Foto: EFE
EFE.- Diecisiete bailarines mexicanos del musical “Malinche”, dirigido por el músico español Nacho Cano, denunciaron a la policía por coacciones y falsedad de documentos cuando fueron interrogados en el marco del trabajo investigativos que llevó la semana pasada a la breve detención del compositor y productor teatral.
Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que los artistas, becarios que se forman en la obra que se representa en Madrid, interpusieron 17 denuncias individuales que se refieren a los mismos hechos: un trato inadecuado por parte de la policía, con coacciones y documentos “manipulados”.
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El pasado 17 de junio, una docena de agentes de la policía española irrumpieron en la iglesia madrileña en la que ensayaban los bailarines aludiendo a una inspección de trabajo, tras lo cual fueron trasladados a una comisaría durante varias horas para preguntarles por sus condiciones laborales, algo que, según los denunciantes, ya es irregular.
Además, los agentes los coaccionaron y llegaron a elaborar documentos “manipulados”, explicaron las fuentes, que también consideran irregular que no tuvieran acceso a la denuncia en la que una integrante del elenco acusó a Cano por la supuesta contratación ilegal de migrantes.
Nacho Cano, exmiembro de la banda musical española Mecano, fue arrestado el pasado día 9 de julio y trasladado a dependencias policiales por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la migración ilegal, según confirmó la policía.
Ese mismo día, también fue detenida una mujer de su equipo, de nacionalidad mexicana.
El músico y productor quedó en libertad a la espera de ser citado por el juez, no sin antes generar polémica en España con enfrentamiento político entre derecha e izquierda incluido.
Según explicó el propio Cano, el origen de la denuncia está en un programa de becas, en convenio con una escuela, que montó para llevar a España talento juvenil.
Según el productor, fue una de las becadas, a la que calificó como “conflictiva” y de la que prescindió, quien supuestamente interpuso la denuncia.
“El criminal no soy yo, es la policía, es a los que hay que investigar”, dijo Cano quien criticó la existencia de una “una maniobra orquestada” en su contra por su relación con la política (y su amistad con la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso), y acusó a los agentes de detenerlo “10 minutos” para hacerle “la foto” y filtrarla a los medios de comunicación.
Luego, la joven denunciante explicó públicamente que los bailarines habían llegado a España advertidos en el sentido de que tenían que pasar los controles como si fueran turistas, los obligaban a trabajar de lunes a sábado durante 12 horas, estaban en “condiciones pésimas” y sólo recibían unos 300 euros al mes.
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