EFE.- El gobierno de Nicaragua excarceló este lunes a mil 500 presos con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo del 45 aniversario de la Revolución Sandinista que se conmemora el 19 de julio.
Los mil 500 privados de libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como “La Modelo”, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.
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La ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, dijo durante el acto transmitido en medios oficiales que esa “segunda oportunidad” fue concedida a los presos comunes en saludo al aniversario de la Revolución Sandinista.
“Tengan conciencia que las segundas oportunidades sí existen, que pueden cambiar sus vidas”, remarcó la funcionaria.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Nicaragua lleva a cabo esta medida.
El pasado 29 de mayo, el Gobierno de Nicaragua excarceló a mil 500 prisioneros comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con motivo del Día de la Madre Nicaragüense, que se conmemora el 30 de mayo. Esa misma cantidad fue beneficiada también el 19 de abril.
Además, un total de 7 mil 630 reos comunes fueron enviados a sus casas en Nicaragua en 2023 y 4 mil 850 en 2022.
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Entre 2014 y 2022, el gobierno nicaragüense sacó de prisión a 38 mil 540 prisioneros, para un promedio anual de 4 mil 282 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.
El gobierno suele otorgar libertad condicional a los reos comunes en ocasión de Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la Revolución Sandinista y en las fiestas de Navidad.
En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.
La excarcelación de reos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada por organizaciones, bajo el argumento de que tras esos beneficios hay un incremento de feminicidios y de la delincuencia en general en Nicaragua.
