Foto: EFE
AP.- El cuerpo de Yovanny, un joven guatemalteco, lleva 13 años en una morgue en la Ciudad de México; intentó migrar en 2011, pero fue secuestrado, torturado y asesinado por criminales en Tamaulipas para después ser abandonado en una fosa común. Su familia pide de nuevo la repatriación de sus restos.
Las autoridades mexicanas recuperaron en su momento un cuerpo y se lo enviaron a la familia de Yovanny para enterrarlo, pero no era él.
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Trece años después, los parientes del migrante siguen reclamando que le entreguen a su familiar, pero que también se lleven el cuerpo de quien enterraron en Guatemala porque consideran que otra familia también lo ha de estar buscando, explicó a The Associated Press este lunes Rosmery Yax, abogada de la familia.
“Este fue un error gravísimo, que vulneró los derechos de la familia, la plena identificación de la víctima”, dijo Yax.
Ni el apellido de la familia de Yovanny ni el lugar de su procedencia han sido revelados ni por la Fundación para la Justicia de México, que apoya este caso, ni por los abogados en Guatemala.
Tampoco los parientes del migrante accedieron a hablar con la prensa, ya que temen las críticas de su comunidad sobre lo sucedido, dijo Yax.
“En los pueblos indígenas esto no sucede, les han vulnerado su tejido social. La familia, por sus costumbres y tradiciones, dice que no sólo quieren que traigan a Yovanny, sino que al mismo tiempo se lleven el otro cuerpo y que Yovanny ocupe el sitio que eligieron para enterrarlo y hay que respetarlo”, recalcó Yax.
Cuando Yovanny, un joven indígena Quiché, salió de su casa en marzo de 2011, tenía 17 años. Pretendía llegar a Estados Unidos en busca de trabajo para apoyar a su familia, que es de escasos recursos, pero su viaje se truncó cuando miembros del crimen organizado lo interceptaron a él y a otros migrantes.
A una semana de su viaje, el migrante se comunicó con su familia y anunció que estaba en Tamaulipas, México, y que pronto cruzaría la frontera. Fue la última comunicación y no se supo más de él.
En esa época, grupos del crimen organizado secuestraron y desaparecieron a migrantes “para reclutarlos de manera forzada”, según la Fundación para la Justicia de México.
“Entre abril y mayo (de 2011), el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas. Entre ellos, estaba el de Yovanny. Pero nadie lo sabía”, dijo la Fundación en un documento a AP.
En 2012, su cuerpo fue entregado a su familia que, sin poder verlo, lo veló y enterró en un cementerio local.
Según la fundación, más de 200 personas fueron asesinadas ese año “y reducidas a códigos forenses con los datos de su identificación sobre los cuerpos de las víctimas”. A Yovanny se le asignó la identificación de “Cuerpo 4 Sin Fosa, de la AP 1114″.
Sin embargo, un error en el proceso hizo que la etiqueta fuera puesta a otro cuerpo de otro hombre joven y el de Yovanny recibiera la etiqueta “Cuerpo 5”.
Entre 2010 y 2012 ocurrieron varias masacres, desapariciones y asesinatos de migrantes.
En 2013, el gobierno mexicano junto con varias organizaciones civiles —entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Fundación para la Justicia— crearon una Comisión Forense para identificar más de 300 víctimas de las fosas de San Fernando y de dos masacres: la de los 72 migrantes asesinados en ese mismo lugar en 2010 y los 49 torsos encontrados de Cadereyta, en el vecino estado de Nuevo León, en 2012.
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Todas estas masacres fueron perpetradas presuntamente por los cárteles que se disputaban el tráfico de migrantes, pero su investigación fue cuestionada por irregularidades que fueron denunciadas en foros naciones e internacionales.
“Respecto al caso de Yovanny, la comisión forense identificó y luego confirmó que el perfil del cuerpo entregado en el 2012 no coincidía con sus familiares. En cambio, sí coincidía con uno de los cuerpos resguardados en la Ciudad de México”, dijo la fundación.
Más de una década después, un centenar de las víctimas de esas dos masacres y de los hallados en esas fosas, siguen sin estar identificadas y entre las que sí lo fueron, hay familiares que reclaman cuerpos cremados sin autorización, restos que se daban a familias equivocadas, personas identificadas a cuyos familiares no se buscó durante años, ataúdes cerrados que no se permitió abrir.
Una madre hondureña hizo una queja ante a la Comisión Interamericana de Derechos humanos en una carta donde explicó que, en lugar del cadáver de su hijo, sólo recibió “un pedazo de carne con tierra y gusanos” y bolsas de plástico. Pero no el cuerpo de su hijo.
Fabienne Cabaret, subdirectora de la Fundación para la Justicia, explicó que se está pendiente de resultados de identificación de unos restos en Brasil y varios más en Guatemala, que también podrían haber sido confundidos.
Cabaret denunció que hay como media docena de víctimas identificadas que no han podido entregarse a sus familias por falta de recursos del organismo mexicano encargado de este procedimiento, la Comisión de Atención a Víctimas.
En 2015 fueron informadas de la situación con Yovanny las autoridades de Guatemala, específicamente de Cancillería, pero no se resolvió la situación.
En diciembre de 2019 se informó a la familia del joven migrante del error cometido en el envío de los restos y en 2022 los peritos de la Comisión Forense tomaron muestras genéticas a los familiares de Yovanny para, en abril del 2023, oficialmente informarles lo ocurrido.
Desde 2023, la Comisión Forense intentó, sin éxito, reunirse con autoridades de Guatemala para trazar la ruta para restituir los cuerpos. En abril de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) de México envió al Ministerio Público en Guatemala una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional para exhumar el cuerpo enterrado y restituirlo, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
Se consultó con el vocero de la fiscalía, José Luis Pantaleón, sobre el caso, pero aún no ha dado respuesta.
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