Por Julio Astorga
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró esta semana su primer periodo de sesiones de 2024 y tomará vacaciones durante 15 días, mientras el Congreso discute el futuro del Poder Judicial a través de las reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ley le indica a la SCJN que el primer periodo de sesiones deberá terminar el último día hábil de la primera quincena de julio, que este año corresponde al próximo lunes. Sin embargo, el jueves pasado la ministra presidenta Norma Piña anunció que el fin del periodo era ese mismo día.
Entre los temas pendientes que están a la espera de ser discutidos y resueltos por la SCJN se encuentran la extinción de fideicomisos federales, así como la creación del IMSS-Bienestar —tras desaparecer el Insabi— y de un Fondo de Pensiones para el Bienestar.
A principios de mayo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena retiró su proyecto de resolución sobre la extinción de 109 fideicomisos que aprobó en 2020 la mayoría legislativa conformada por Morena y aliados, entre ellos el Fondo de Desastre Naturales (Fonden), el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Fondo para el Cambio Climático.
Gutiérrez Ortiz Mena sacó su proyecto de la sesión para tomar en cuenta las recomendaciones de otros ministros, según sus propias declaraciones. De manera pública no se divulgó el sentido del proyecto.
Otros asuntos que están enlistados para ser discutidos próximamente por los ministros son las reformas aprobadas por Morena en el Congreso de manera fast track, como la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la creación del IMSS-Bienestar, así como permitir que el Ejército opere una aerolínea comercial. Los recursos ante la Corte han sido presentados por la oposición en el Congreso.
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La Suprema Corte también deberá resolver la impugnación en contra de la extinción de los fideicomisos judiciales (que suman unos 15 mil millones de pesos), un proyecto que fue turnado al ministro Luis María Aguilar luego de que el pasado 15 de mayo la Segunda Sala rechazó el proyecto de la ministra Lenia Batres que favorecía la extinción de los fideicomisos, como busca el gobierno de López Obrador.
Un tema que ha confrontado a la Suprema Corte con el presidente López Obrador es la posible eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa de manera automática. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno, en enero de 2023, eliminar dicha medida cautelar. Por ello, los ministros también dejan pendiente discutir la manera en la que el Poder Judicial dará cumplimiento a esa sentencia internacional.
Mientras se resuelve, la SCJN ordenó a los tribunales y juzgados del país el pasado 1 de julio que deberá suspenderse el trámite de los amparos relacionados con la prisión preventiva oficiosa para que, en un futuro, se resuelvan conforme al criterio que emitan los ministros.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Suprema Corte dejará de sesionar a partir de la segunda quincena de julio de cada año. Retomará actividades el 1 de agosto.
Sin embargo, este año el receso estará marcado por la discusión de la reforma judicial que propuso el presidente López Obrador y promovida por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, en la que se plantea, entre otros temas, llevar a votación popular la elección de todos los ministros, jueces y magistrados del país.
El pasado 27 de junio iniciaron los diálogos nacionales para la reforma judicial en la Cámara de Diputados, y en el primer foro participaron los 11 ministros de la Corte, quienes se pronunciaron por una reforma que se aplique de manera gradual, tras alertar que una elección popular de los juzgadores puede afectar la calidad de la justicia y la independencia de sus sentencias.
