Magistrados y jueces federales preparan una estrategia legal, apoyada en organismos internacionales, para frenar la reforma judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la sobrerrepresentación legislativa de Morena y partidos aliados.
Durante su participación en la protesta que juzgadores y trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo en el Palacio de Justicia de San Lázaro, Mauricio Barajas Villa, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, precisó que “la primera línea para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar, en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el Judicial”.
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La otra línea de acción jurídica, dijo, busca delinear las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional, “con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso”.
Al preguntarle si confía en que recurrir a organismos internacionales es la vía correcta, precisó que, en el ámbito internacional, la jurisdicción Interamericana es vinculante para México
Precisó que, si al final la decisión de los órganos internacionales no se acata, será una decisión del Estado de México. “Si este es un esfuerzo que queda en el ámbito meramente testimonial, pues, hacemos lo que tenemos que hacer”.
“Tenemos que mantener nuestra imparcialidad, pero hay decisiones que amenazan el estado constitucional, en donde, yo creo que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de actuar “, añadió.
En su turno, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, puntualizó el país vive un momento crucial “pues tanto el Estado de derecho como los derechos humanos están en riesgo de retrocesos quizás irreversibles”.
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Indicó que la propuesta del Ejecutivo propone acabar con la independencia judicial y amenaza los pilares de la democracia. Señaló que durante casi seis años, los integrantes del Poder Judicial han sido víctimas de calumnias.
“Es absolutamente falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos. No lo somos nosotros ni quienes colaboran con nosotros. Exigimos, por ello, que en los casos en que se tengan pruebas de corrupción, se formule la denuncia correspondiente con arreglo a derecho”, puntualizó.
También calificó de falso que representen los intereses de las élites y que los juzgadores le hayan dado la espalda al pueblo de México.
“Si eso fuera verdad, entonces por qué acudió ante nosotros para que sus hijos fueran vacunados; por qué acudió a nuestros tribunales para que se les dotara de medicamentos vitales ante la reiterada negativa de la autoridad”, indicó.
“Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los graves problemas estructurales de la justicia en México, cuando contamos con un sistema de carrera judicial y exámenes de oposición públicos para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos como juzgadores”, enfatizó.
Consideró “absurdo afirmar que una o varias sentencias nuestras sean la causa de las inmensas desigualdades económicas, sociales y culturales” del país, pues no debe “confundirse la función judicial con la que corresponde a otras esferas de gobierno, cuando generan políticas públicas erróneas”.
Reiteró que “una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable para nosotros, pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República”.
Concluyó que cuando el Poder Judicial deje de ser independiente, ninguno de los habitantes del país, incluidos los promotores de la reforma, tendrán seguridad “en el respeto de nuestros derechos humanos”.
