Foto: Cuartoscuro
Por Amado Azueta
Politólogos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión acusaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió datos personales, responsabilizó la comisión de delitos sin sustento y usó al Estado para amedrentar a medios de comunicación con las declaraciones hechas contra el portal de noticias Latinus, desde la conferencia diaria de Palacio Nacional.
En tanto, la coordinación de datos personales del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) confirma que ya trabaja en determinar el incumplimiento de los sujetos obligados a respetar el derecho a la privacidad.
Este miércoles, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó el resultado de una investigación que empezó en el 2021 contra el portal Latinus, en la que halló presuntas irregularidades. Y aunque no mostró pruebas vinculantes, acusó como si ya fuera un caso juzgado.
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El analista político Luis Carlos Ugalde asegura que, después de observar la conferencia, encontró que no hay “litis del presunto delito que se debería de perseguir, creo que de lo que ha dicho el gobierno, pues no hay evidencia de que constituya un indicio de algún delito fiscal o de otro tipo de irregularidad”.
Y por eso considera “más que evidente” que todo se trata de una venganza personal contra un medio de comunicación que “investigó y denunció políticamente al gobierno”. Incluso, sentencia que “es muy grave” que el presidente López Obrador quiera terminar de esa manera su gobierno.
“Lo que pasa es que el hecho de que este gobierno vaya terminando con un presidente en tal nivel de activismo y de narcisismo, y de excesos de protagonismo, lo que demuestra es que se trata de una venganza de fin de su ciclo, claramente con otros asuntos en contra de otras personas y de otros periodistas”, explica.
Luis Carlos Ugalde, también exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), considera que tras varias veces de utilizar al organismo de fiscalización del Estado, la UIF, para indagar a periodistas, políticos e investigadores, el actual gobierno está sentando un precedente de “gran riesgo” para el país.
“Es que, en medio de los resultados de la elección, en medio de la sensación de que la hegemonía ya es inevitable, en medio de la sensación de que nada se puede hacer, en medio de la sensación de que ya nadie puede defender este tipo de abusos, lo más preocupante sería la inacción, la normalización, es decir, pues ya ni modo, así son las cosas”, advierte.
Ugalde considera que “lo que se tiene que hacer primero es pelear este caso jurídicamente” a nivel nacional e internacional por “el uso de información privada con fines políticos”.
El analista confía en que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum cambie el manejo de sus políticas con los medios de comunicación.
“Yo asumo que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no comparte este estilo político de la venganza, creo que es otra concepción del uso de la política y eso creo que es una oportunidad para que estos casos no se vuelvan a repetir”.
Pedro Cárdenas, responsable del Programa de Protección y Defensa de Periodistas de la organización internacional Artículo 19 México, considera de preocupación que el Estado mexicano “se concentre en estigmatizar cualquier noción de datos personales de periodistas y hasta vulnerar el debido proceso de alguna investigación que pudiera derivar en una presunción de inocencia”.
Según su análisis, “es preocupante que funcionarios públicos estén expresando ya prácticamente una categorización de culpabilidad, cuando no se ha llevado a cabo ni un solo proceso que lo confirme y no ha tomado un juez una decisión de culpabilidad; por lo tanto, no pueden las personas funcionarias públicas estar emitiendo este tipo de pronunciamientos”, explica.
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Cárdenas recuerda que Artículo 19 ha contabilizado la agresión a 561 periodistas, tan sólo en el 2023, de las cuales el Estado mexicano fue responsable de 287, es decir, poco más del 51 por ciento.
“El año pasado, una de cada dos agresiones contra la prensa venía directamente de algún funcionario público o fuerza de seguridad”, asegura.
Se trata de un “efecto cascada” generado por “este tipo de discursos estigmatizantes en la mañanera”, señala en referencia a la conferencia matutina que a diario encabeza el Ejecutivo federal y que la organización ha documentado desde 2019.
“Cualquier agresión contra la prensa genera un mensaje doble: primero, a la persona periodista que está haciendo las investigaciones, y segundo, a otros periodistas y a la sociedad misma, que hay ciertos temas que no se pueden tocar, que no se pueden publicar y eso generará un efecto amedrentador al derecho de acceso a la información de la ciudadanía”, explica.
Cárdenas considera que es importante que las autoridades se atengan a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que se ajusten a estándares internacionales de libertad de expresión.
La comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Josefina Roman Vergara, revisó la información divulgada por la Unidad de Inteligencia Financiera y consideró que es relativa a datos personales.
“Me parece que sí se trata de información relativa a datos personales, hay varios nombres, no es exclusivamente el apellido de una persona física”, aseguró.
En este sentido, la consejera considera que cualquiera persona afectada por la publicación de su información privada, en este caso y cualquier otro, por cualquiera de las 270 instituciones públicas obligadas por la Ley de Protección de Datos Personales, debe presentar una denuncia para iniciar el procedimiento de investigación y dar paso a eventuales sanciones.
“En México es muy importante tener en cuenta que la privacidad y el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano”, dijo.
“En instituciones públicas, cuando se trata de servidores públicos, lo que nosotros hacemos al concluir un acto de fiscalización es determinar si consideramos que hay incumplimiento de alguno de los principios, deberes u obligaciones que la ley establece”, explica.
En lo que va de la administración de López Obrador, el INAI ha abierto mas de 500 expedientes contra distintas dependencias del gobierno federal por presunta violación de datos personales, de acuerdo con declaraciones públicas de sus comisionados.
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