Foto: Cuartoscuro
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, se pronunció este miércoles sobre la demanda civil que emprendió el gobierno mexicano en Florida por el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón,
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El funcionario indicó que México busca recuperar casi 700 millones de dólares mediante este proceso judicial en Florida y se encuentra en etapa de “descubrimiento probatorio”. El juicio civil en Florida está programado para abrirse en enero de 2025, de acuerdo con la juez.
“En una de esas cinco empresas se recuperaron casi 2 millones de dólares que fueron entregados a la Tesorería de la Federación y un bien inmueble que no se ha vendido por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo”, señaló durante la conferencia matutina.
“Hay una segunda recuperación lograda muy pequeña, en un proceso de mediación de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado, pero sí tuvo un vínculo y le hicieron pagar 150 mil dólares adicionales, que también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación”.
Afirmó que de las 19 propiedades que han sido aseguradas en este juicio en Miami, ocho ya fueron liquidadas, pero los fondos por 6 millones de dólares están a resguardo de un agente fiduciario del gobierno de México hasta que se termine el juicio.
Pablo Gómez agregó que el caso de García Luna también incluye dos denuncias penales en México y se han emitido 61 órdenes de aprehensión, con detenciones significativas como Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes están en prisión preventiva.
En tanto, informó que Jonathan Alexis Weber Pinto, quien está presuntamente vinculado a una empresa de la “trama de corrupción“, también está solicitado para extradición desde España.
De acuerdo con Gómez, las autoridades mexicanas identificaron 64 operaciones en cuentas bancarias y casas de bolsa en México, algunas de las cuales están enlistadas por el SAT como “factureras“. Este esquema financiero facilitó la ocultación y posterior retorno del dinero desviado, agregó.
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Para la administración mexicana, señaló el funcionario, este juicio tiene como propósito romper la “maldición histórica” de la corrupción en el país, donde el dinero robado al pueblo nunca se recupera.
Las acciones legales buscan devolver los recursos a la Tesorería de la Federación.
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