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La Corte Suprema de Estados Unidos dificultó acusar de obstrucción a la justicia a los imputados en los disturbios del Capitolio, un señalamiento utilizado en cientos de demandas legales y que también enfrenta el expresidente Donald Trump, y afirmó que el Departamento de Justicia se sobrepasó con esta imputación.
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Los jueces decidieron, en una votación de seis a tres, que la acusación de obstrucción de un procedimiento oficial, promulgada en 2002 en respuesta al escándalo financiero que provocó la caída de Enron Corp. debe incluir pruebas de que los acusados trataron de alterar o destruir documentos.
Sólo algunas de las personas que irrumpieron violentamente en el Capitolio el 6 de enero de 2021 entran en esa categoría.
Trump y sus aliados republicanos podrían usar la decisión para respaldar sus afirmaciones de que el Departamento de Justicia ha tratado injustamente a los acusados de los disturbios en el Capitolio.
Aún no se sabe cómo afectará la decisión del tribunal al caso contra Trump en Washington, aunque el asesor especial, Jack Smith, dijo que los cargos que enfrenta el expresidente no se verán afectados.
El máximo tribunal regresó el caso del expolicía de Pensilvania, Joseph Fischer, a un tribunal inferior para determinar si Fischer podía ser acusado de obstrucción.
Fischer ha sido acusado por su participación en la interrupción de la certificación, por parte del Congreso, de la victoria del demócrata Joe Biden sobre Trump en la elección presidencial de 2020.
Fischer es una de las cerca de 350 personas que han sido acusadas de obstrucción. Algunas de ellas se declararon culpables de cargos menores o fueron declaradas culpables de los mismos.
El juez presidente John Roberts escribió su opinión, junto con los jueces conservadores Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas, y por la jueza liberal Ketanji Brown.
La interpretación amplia del estatuto de obstrucción “también criminalizará una amplia variedad de conductas prosaicas, exponiendo a activistas y cabilderos a pasar décadas en prisión”, escribió Roberts.
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La jueza Amy Coney Barrett discrepó, junto con las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
Barrett, una de los tres jueces nombrados por Trump, escribió que la ley incluye claramente los sucesos del 6 de enero.
“Los disturbios obligaron al Congreso a suspender el procedimiento, retrasándolo por varias horas”, escribió.
La decisión de la Corte Suprema indignó a la fiscalía estadounidense, encabezada por Merrick Garland, quien afirmó estar decepcionado, ya que limita “un importante estatuto federal que el Departamento ha tratado de utilizar para garantizar que los principales responsables de ese ataque enfrenten las consecuencias apropiadas”.
Con información de AP y EFE
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