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AP.- Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi diez años, denunciaron este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo estudios de restos óseos sin contar con la capacitación técnica ni el apoyo de peritos internacionales.
Así lo plantearon durante una conferencia de prensa, en la que denunciaron que la Fiscalía practica análisis de ADN mitocondrial a restos óseos y que no reconocerán los resultados de los mismos debido a que en el pasado llevaron a identificaciones equivocadas.
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A casi diez años de la desaparición no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sólo se han encontrado restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel de drogas local y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), indicó a la prensa que se habían puesto en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, integrado por peritos que han acompañado el proceso en el pasado, que le ratificó que no habían sido notificados de las investigaciones de la Fiscalía.
El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, tampoco ha recibido información sobre los estudios que estaría realizando la Fiscalía, precisaron los padres de los jóvenes en un comunicado.
Ante esa situación, los familiares advirtieron en el escrito que de darse un “anuncio precipitado de resultados no verificados” al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que concluye en septiembre, sin ser validados por sus peritos, “sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión”, por lo que reclamaron nuevamente la asistencia internacional.
La AP solicitó a la Fiscalía General de la República una reacción sobre la denuncia de los familiares, pero no hubo comentarios de momento.
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Durante la conferencia de prensa, los familiares de los jóvenes también reclamaron que no se les haya permitido el acceso a unos 800 documentos claves del Ejército y que sólo les entregaran la semana pasada una carpeta de quince folios sobre las investigaciones.
Al referirse a los cuestionamientos al proceso, Aguirre afirmó que la exigencia sobre la entrega de los 800 folios “no es una necedad”, como sostiene el gobierno.
Insistió en que esos documentos son claves para obtener información sobre el posible paradero de los jóvenes y esclarecer los hechos.
En su intervención, Aguirre planteó que “una tercera parte ajena al ejército” debería evaluar los documentos y determinar si son relevantes para las investigaciones, en lugar de dejar esos archivos en manos de los militares, quienes han sido implicados en el caso.
Las autoridades han iniciado procesos judiciales al menos a ocho militares, algunos de los cuales están enfrentando los juicios en libertad.
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Ante recientes declaraciones de López Obrador en defensa de los militares, el director del Centro Prodh dijo que el señalamiento contra el Ejército “no es ideológico, no es necedad”. Sostuvo que “hay irregularidad antes, durante y después” de las desapariciones ocurridas entre en el 26 y 27 de septiembre del 2014 que involucra a los militares.
“Que se diga que no hay ninguna prueba contra el Ejército cuando hay todo esto, pues francamente nos parece una protección excesiva”, agregó.
El pronunciamiento de los padres de los estudiantes y activistas se da luego de las declaraciones que ofreció a inicios de semana López Obrador, en las que reiteró que no tenía “ninguna prueba” que demostrara que el Ejército participó en la desaparición de los estudiantes.
La postura del activista fue respaldada por Mario González, uno de los familiares de jóvenes desaparecidos, quien exigió a nombre de los padres que “el Ejército ya no tenga nada que meter las manos en el caso de Ayotzinapa” y se permita a expertos internacionales participar en las investigaciones.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó por varios años las desapariciones de los jóvenes, pero el año pasado se retiró del país.
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En los últimos meses, los padres de los jóvenes y sus abogados han intensificado las críticas contra el gobierno al que han señalado de no cumplir los compromisos para resolver el caso, pero López Obrador ha desestimado los cuestionamientos y ha asegurado que sigue comprometido en la búsqueda de los estudiantes y en esclarecer los hechos.
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