Arce niega acusaciones del general Zúñiga de haber ordenado el intento de golpe de Estado en Bolivia: “Actuó por cuenta propia”

AP.- El presidente boliviano, Luis Arce, rechazó este jueves los señalamientos de que conocía los planes militares del fallido golpe de Estado en Bolivia, que ayer sumió al país por varias horas en la incertidumbre; dejó 17 detenidos y 15 heridos.

“Para nada. Nunca estuvimos informados sobre el movimiento de tropa que hizo Zúñiga, yo quedé sorprendido”, respondió el mandatario en su primera aparición pública tras lo sucedido.

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Por el despliegue militar masivo frente al Palacio de Gobierno, hay 17 personas detenidas, entre ellas el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga.

Arce aseguró que el mando militar, destituido el mismo miércoles, “actuó por cuenta propia” y recalcó que él no es “un político que se va a ganar popularidad con la sangre del pueblo”.

Insistió en que el ambiente en el país ya ha vuelto a la normalidad y que, pese a las diferencias internas en el oficialismo, Evo Morales es un “compañero”.

Sobre Zúñiga, apuntó que tenía motivos personales para movilizar a los militares contra el gobierno. “Él me dijo que no iba a acatar mi instrucción de replegar a la tropa. Estaba incumplimiento órdenes que le di como capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso no puede ser una planificación de autogolpe”, recalcó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la detención de 17 personas, en su mayoría militares y un civil, y los presentó como promotores del fallido golpe militar en contra del presidente Arce.

El procurador general de Bolivia, César Siles, dijo que Zúñiga y los detenidos son investigados por levantamiento armado, inducir a las de tropa y atentado contra la infraestructura del Estado y que de las investigaciones se pueden desprender otros delitos. Se exponen a penas de 15 o más años de cárcel.

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Según el ministro, los detenidos actuaron bajo la orden el general Zúñiga, considerado el líder de la revuelta que no prosperó por falta de apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, según dijo más temprano el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Junto a Zúñiga, también fue detenido y destituido el vicealmirante de la Armada, Juan Arnez, como otro de los principales responsables del intento fallido de golpe que, según el presidente Arce, dejó 14 heridos. Varias de ella necesitaron ser intervenidas quirúrgicamente.

“Este grupo criminal planificó el golpe desde mayo”, dijo Del Castillo en rueda de prensa.

En su comparecencia de la tarde del jueves, Arce también mencionó la falta de respuesta de la cúpula militar en cuanto se detectó el despliegue de uniformados en torno al Palacio de Gobierno.

“Intentamos comunicarnos con Zúñiga, ninguno de los tres comandantes respondió las llamadas para pedir explicaciones sobre el movimiento de tropa. Llamé en persona al comandante del Ejército y no recibí respuesta”, refirió.

También indicó que el comandante de la policía le informó que Zúñiga le había convocado para unirse al intento de golpe, pero que se negó a participar.

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“¿Qué le espera a Zúñiga, eso lo dirá la justicia y las investigaciones”, subrayó Arce. “Hubo dos reuniones donde se preparó ejecutar el plan. No sólo estaban involucrados militares… Jubilados del Ejército y personal civil y eso queremos investigar”.

Entre los aprehendidos, el ministro Del Castillo ya había mencionado en la mañana que un civil, identificado cono Aníbal Aguilar Gómez, fue uno de los presuntos “ideólogos” de la movilización militar. Además, que estaban buscando a tres uniformados más en servicio pasivo.

Al medio día del jueves, cientos de simpatizantes del gobierno se habían apostado en la principal ruta que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto para bloquearla. En el resto del país no se reportaron protestas.

No obstante, las actividades del comercio, la banca, las estaciones de venta de combustible y los colegios se desarrollaban con normalidad.

Por su parte, el cabecilla de la acción militar, el general del Ejercito, Juan José Zúñiga, y una decena de mandos militares continuaban en celdas policiales a la espera de ser imputados por el delito de levantamiento armado.

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