Foto: Facebook Marko Cortés
Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), alertó sobre los riesgos de la reforma judicial debido a que podría politizar la justicia, comprometer la experiencia de los jueces y generar posibles vínculos con la delincuencia organizada, lo que afectaría su independencia e imparcialidad.
El líder panista señaló que la reforma podría llevar a un proceso electoral politizado, donde los candidatos serían seleccionados más por su afiliación política que por su capacidad e idoneidad. Además, la falta de experiencia y conocimientos adecuados entre los elegidos podría mermar la efectividad del sistema judicial.
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Un punto de especial preocupación es la posible complicidad con la delincuencia organizada, ya que los candidatos podrían hacer acuerdos con estos grupos para asegurar su elección, tal como ha advertido la agencia antidrogas estadounidense (DEA). Esto entregaría la justicia a manos criminales.
Cortés Mendoza también mencionó que la elección directa podría resultar en cambios frecuentes en la composición de los tribunales, afectando la estabilidad y continuidad del sistema judicial, lo que podría impactar negativamente en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales, ya que los jueces y magistrados estarían más preocupados por su reelección que por impartir justicia de manera objetiva.
El dirigente subrayó que la ciudadanía tiene un conocimiento limitado sobre el funcionamiento del sistema judicial, lo que podría generar desconfianza y afectar la legitimidad de las decisiones.
En lugar de fortalecer el Poder Judicial, la reforma propuesta podría generar retrocesos graves, beneficiando principalmente a la delincuencia y al partido en el poder, que manipularían el sistema a su favor.
Cortés Mendoza concluyó haciendo un llamado a la sociedad civil para que se informe y esté alerta ante la posible discusión y aprobación de esta reforma, subrayando la importancia de garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial para mantener las garantías constitucionales del país.
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