El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que, durante la reunión con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional, les ofreció ser enlace con el eventual gobierno de Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, y hacer una reunión conjunta para darle seguimiento al caso de la desaparición.
“Fue una muy buena reunión, porque nos permitió restablecer el diálogo, y esto es importante, quedamos en volvernos a reunir antes de que yo concluya, hice el compromiso, me lo plantearon, de que en caso de que no avanzáramos en la búsqueda de los jóvenes y el conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima presidenta”, indicó durante su conferencia matutina.
“Lles dije que sí, pero que todavía tenía confianza de que en estos meses que me faltan íbamos a avanzar (…) pero en caso de no tener resultados, nosotros íbamos a ponerlos en comunicación y posiblemente hiciéramos una reunión conjunta con los padres, que participara, tenía que consultarle, yo creo que no habrá problema, a la presidenta electa para darle continuidad”.
El mandatario federal afirmó ante los medios de comunicación que, bajo ninguna circunstancia, se cerrará o dará “carpetazo” al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, porque se trata de “la memoria histórica, que tiene que ser un expediente abierto”.
Por su parte, el abogado de las familias de los 43 jóvenes, Vidulfo Rosales, reveló el lunes, saliendo de la reunión, que López Obrador se comprometió a hablar con Sheinbaum sobre el caso.
Pero también dijo que exigieron a López Obrador que el Ejército mexicano entregue de forma puntual los 866 folios pendientes del caso, pero el mandatario ha insistido en que ya los entregó.
La reunión ocurre a tres meses de cumplirse una década de la desaparición de los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en un contexto de creciente presión para que López Obrador cumpla su promesa de esclarecer el caso durante su mandato.
La Comisión de la Verdad del gobierno concluyó en 2022 que el suceso fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército.
