Por Enrique Pons Franco
Generalmente, se asocia la expresión “cártel” a las organizaciones con fines ilícitos y cuando se trata de “meter la mano” en el bolsillo de los ciudadanos, la voracidad de la gran mayoría de los ayuntamientos en México parece no tener fin. Hoy me refiero a la mala práctica, bajo el título de “cártel” porque extendida y generalizada como lo es en todo el territorio nacional, exige a los empresarios el pago de licencias de funcionamiento, anuencias, permisos o autorizaciones para ejercer determinados giros comerciales o de servicios, y como consecuencia de ello, condicionar el ejercicio de la libertad de empresa, tal cual si de un “derecho de piso” se tratase, organizado con precisión en todas las entidades federativas y en la mayoría de los 2 mil 469 municipios del país.
Si eres empresario, habrás recibido “invitaciones”, o en casos más violentos, hasta clausuras, todo por no pagar las dichosas licencias de funcionamiento. Pues aquí te cuento que, en la mayoría de los casos, la exigencia de dichas licencias es un acto de corrupción institucionalizada que debe ser cortado de tajo en todo el país, pues ni los ayuntamientos, ni las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México tienen, en la mayoría de los casos, derecho a cobrarlas. Por ello, insisto, funcionan como un “cártel” criminal.
¿Pero por qué no pueden cobrártelas? Vamos por partes. En el año de 1979, todos los estados de la República firmaron con la Federación un documento que se llama Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, hecho que dio vida a otro instrumento que se denominó Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En parte, la finalidad de dicho régimen legal fue que, en los estados y municipios, se suspendieran muchos cobros de impuestos y derechos, a cambio que la Federación les entregara algo que se conoce como participaciones federales, como una manera de compensarlos por haber renunciado a cobrarles a los contribuyentes dichas cantidades de dinero.
Derivado de ello, en el artículo 10-A, fracción I, de una legislación denominada Ley de Coordinación Fiscal Federal quedó establecido básicamente que en los estados, no se pueden cobrar derechos estatales o municipales por licencias, anuencias previas al otorgamiento de estas, y en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios (salvo los que tienen que ver con venta de bebidas alcohólicas).
También señala esta ley, que se consideran derechos, aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, incluso cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, o donativos.
Lo anterior, porque los ayuntamientos o los estados han intentado darle la vuelta a la ley tratando de cambiar los conceptos, pero todo con la intención de poder cobrar dichas licencias de manera disfrazada.
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Ahora que sabes que tienes herramientas para defenderte de esos cobros indebidos, hagamos empíricamente el ejercicio de aproximarnos a calcular el tamaño del robo atomizado del que son víctimas millones de empresarios en México producto de esa mala práctica. Según información disponible del INEGI, difundida mediante el esquema de “Resultados definitivos de censos económicos 2020”, (aquí lo puedes ver https://bit.ly/3amxnrb), en México hay 6 millones 373 mil 169 establecimientos comerciales. De estos, 5 millones 120 mil 250 están en zonas urbanas, y 924 mil 571 en zonas rurales.
También, según datos del INEGI, en México hay 612 mil 259 establecimientos que podrían ofrecer bebidas alcohólicas, por lo que, para efectos de este cálculo, vamos a restarlos del total, porque a ellos, derivado de su giro, la ley sí permite que se les cobren licencias de funcionamiento. Así las cosas, nos quedan 5 millones 760 mil 910 de establecimientos comerciales o de servicios a los que seguramente, en mayor o menor medida, les han hecho algún cobro de parte del gobierno para poder trabajar.
Ahora bien, ante la falta un precio estandarizado en el país por el cobro de las licencias de las citadas, puesto que es establecido de forma arbitraria, en este ejercicio fijaremos el costo de una licencia de funcionamiento anual en 3 mil pesos, aunque te aclaro que he visto casos en donde los ayuntamientos tienen el descaro de cobrar por metro cuadrado del establecimiento. Bueno, ahora saca tu calculadora y haz la multiplicación. ¿Ya tienes el resultado? El monto anualizado es de 17 mil 282 millones 730 mil pesos. Cuesta trabajo leerlo, ¿verdad? Pero más trabajo cuesta entender que pocas personas (por no decir nadie) haga nada para terminar con esa conducta, que, dicho sea de paso, no es fiscalizada, ni por los congresos locales o por el Congreso de la Unión y menos aún, por las auditorías superiores estatales o de la federación.
También, como son cantidades relativamente pequeñas como para iniciar un juicio ante los tribunales, la mayoría de los empresarios prefieren pagar para poder trabajar, además que prevalece el temor de ser coaccionados por el gobierno local por medio de clausuras. Como te he dicho, prácticamente nos encontramos ante un “derecho de piso” que es implementado desde y por los gobiernos locales, en contubernio con los propios congresos estatales, pues son estos los que al final del día terminan aprobando las leyes de ingresos.
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Así puesto, los candidatos a ocupar en 2024 administraciones públicas municipales, o ser legisladores en los congresos locales o en el Congreso de la Unión, tienen la valiosa oportunidad de poner el marcador en ceros en cuanto hace al tópico de una relación entre los contribuyentes, más en estos tiempos, donde la glotonería tributaria local puede alejar las inversiones privadas que tanta falta le hacen al país. Por cierto, no he visto un solo candidato que se oponga a esta práctica o que, al menos, se comprometa a corregirla. Por otro lado, también les corresponde a dichos contribuyentes, sea a título particular, o por medio de sus cámaras empresariales, acudir a las instancias que la ley les permite para frenar los cobros indebidos que por décadas han sido objeto de parte de los ayuntamientos.
Si te interesa saber más del tema, te espero en mi cuenta de “X” (antes Twitter) como @enrique_pons. Nos leemos la próxima semana.
