Foto: Cuartoscuro
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está violentando al 100% la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) al difundir más de 300 documentos sobre la analista política María Amparo Casar, presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, consideró Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI.
Este viernes, el gobierno de México difundió en su sitio web al menos 372 documentos sobre María Amparo Casar y su familia, luego de que en la conferencia matutina el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, la acusó de corrupción por presuntas irregularidades en el cobro de la pensión de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García, excoordinador de Asesores de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la estatal, quien murió en 2004.
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“Es muy grave, (el gobierno) está violentando datos personales de muchísimas personas, credenciales de elector, actas de defunción, domicilios, está violentando al 100% la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, dijo la comisionada Del Río Venegas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en entrevista con Latinus.
En el expediente divulgado por el gobierno federal hay recibos de pago a instituciones escolares, títulos universitarios, historiales académicos, actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, documentación bancaria, el monto de la pensión y otros beneficios, CURP, la factura de la compra de un automóvil, entre otros documentos que exhiben datos personales tanto de Casar como de sus hijos.
Incluso, en algunos documentos se consigna que la información contiene datos personales y advierte al destinatario que debe atenerse a lo que dice la LGPDPPSO y normativa interna como el Código de Ética y el Código de Conducta de Pemex.
La exhibición de información personal de Casar comenzó en la conferencia matutina, en la que Romero Oropeza, en el marco de la presentación de un informe sobre la situación actual de Pemex, específicamente en un apartado sobre corrupción de empresas contratadas, expuso el caso e informó que se habían iniciado acciones legales.
Tanto Romero Oropeza como el presidente Andrés Manuel López Obrador denostaron a Casar, dando por ciertos determinados hechos que están bajo investigación y sobre los que no se ha dictado sentencia definitiva y que, por lo mismo, constituyen información clasificada y deberían estar bajo reserva.
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“(El gobierno) está divulgando de manera indebida todos los datos personales sin consentimiento de las personas”, agregó la comisionada y detalló que el artículo 163 de dicha ley establece las sanciones.
El artículo 163 de la LGPDPPSO establece que será causa de sanción que el personal del sujeto obligado use o divulgue datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.
De acuerdo con información del INAI, Casar puede interponer una denuncia ante el organismo en contra de la Oficina de la Presidencia de la República y Pemex por el indebido tratamiento de datos personales y la divulgación de información reservada.
“Esto es para que el INAI inicie una investigación de oficio a reserva de que todos los afectados presenten una denuncia por lo que acaba de hacer el gobierno de la República”, advirtió la comisionada.
Por su parte, los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, así como José Woldenberg, expresidente del IFE, el analista político Raúl Trejo Delarbre, entre otros, expresaron su solidaridad con Casar y acusaron que el presidente López Obrador rompió los límites legales y también morales por difamarla.
“En su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el presidente quebranta varias leyes, enrarece aún más el debate público a menos de un mes de las elecciones y lastima a una familia”, señalaron en una carta firmada por 14 personas.
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