Foto: Reuters
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este lunes la irrupción a la embajada mexicana en Quito, pues aseguró que fue para detener al exvicepresidente Jorge Glas y que tomó medidas extraordinarias para proteger la seguridad nacional de su país.
“He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, corruptos o narcoterroristas (…) no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados“, señaló Noboa en un comunicado publicado en su cuenta de X.
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Para el Ejecutivo ecuatoriano, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transgredió el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Político de 1993.
Además, Noboa dijo que estaba dispuesto a resolver las diferencias con México, pero aseguró que eso contradeciría sus medidas de justicia.
“Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos”, sentenció.
Bajo esta premisa, la administración del presidente ecuatoriano, de 36 años, buscará defender la irrupción a la sede diplomática de México, que ha recibido un amplio repudio y condena de la comunidad internacional, pues numerosos países ven que se ha traspasado una línea roja al entrar a la fuerza en una embajada extranjera.
“Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra, y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista”, finalizó.
Antes de que Glas solicitara asilo al gobierno de México, ya estaba imputado por un presunto delito de peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto de 2016.
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, ya que fue rechazada su solicitud de acceder al beneficio penitenciario de la “prelibertad” tras haber cumplido ya en prisión cerca de cinco años, entre 2017 y 2022.
Sin embargo, Glas siempre ha rechazado todas las imputaciones y acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político.
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