La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este miércoles una recomendación dirigida al gobierno de Tamaulipas, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR) tras haber acreditado que manipularon la investigación y alteraron el expediente de la desaparición de Francisco Herrera Rivera, cuyo paradero se desconoce desde febrero de 2015.
La CNDH “acreditó que elementos de la Sedena participaron en la manipulación y alteración de los lugares donde se encontraron pertenencias de la víctima y eliminaron indicios de vital importancia para la determinación de su último paradero”, indicó en un comunicado.
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Hace nueve años, tras percatarse de que Herrera Rivera no se había presentado a trabajar, sus familiares consultaron su localización vía GPS; la dirección que la aplicación arrojó correspondía a las instalaciones del quinceavo batallón de la Sedena.
“Los familiares se presentaron en dicho lugar, donde se les dijo que no tenían ningún detenido”. En ese momento, las autoridades les recomendaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición.
La comisión también responsabilizó a un elemento de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de haber obstruido la justicia en el caso al “conducirse con falta de diligencia”, sin considerar el peligro que corría la víctima.
Las investigaciones revelaron que el auto de la víctima “fue visto tripulado por personas armadas”, y que dicho vehículo no fue adecuadamente examinado.
Cuando los familiares solicitaron al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) los videos para examinar la última ruta que Herrera tomó antes de su desaparición, “les informaron que elementos del Ejército ya habían revisado dicho material, por lo que ya no contaban con los videos”.
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La comisión recomendó al gobierno de Tamaulipas, la Sedena y la FGR inscribir a la víctima y a cinco de sus familiares en el registro correspondiente, además de procurar la reparación del daño y de brindarles apoyo psicológico.
También deberán “dar continuación a la integración de la averiguación previa, a fin de que se esclarezcan los hechos”, así como capacitar a su personal en materia de derechos humanos.
