Por Jorge Monroy
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso a sus compañeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar y dejar sin efecto jurídico el mecanismo de seguimiento de las campañas electorales que creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como el primer informe que presentó sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia.
En dicho informe, publicado este mes en su página de internet, la CNDH argumentó la implementación de un mecanismo institucional auxiliar con el objeto de contribuir para “que las campañas se den en los márgenes de la ley y de los derechos humanos (…), hasta el momento de las votaciones, fomentando la confianza de las y los electores, mediante información y valoraciones objetivas”.
Dicho mecanismo estableció un “Escalómetro de Violencia Política” y un “registro institucional” que, entre otras cosas, dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, así como las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.
La CNDH, que preside Rosario Piedra, acusó a diferentes sujetos y medios de comunicación de generar un “escenario de polarización” y una campaña de desprestigio contra el presidente. También acusó “expresiones y discursos racistas y clasistas” que “atentan contra el derecho a la democracia”.
El PAN presentó una impugnación al argumentar que fue una ilegalidad de la CNDH el informe porque pretende conocer de cuestiones que le corresponden al Tribunal Electoral y al INE, así como fungir como tercera autoridad electoral sin atribuciones para ello, lo que afecta a los principios de legalidad y certeza, y pone en riesgo la integridad electoral.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que podría ser discutido en la sesión de la Sala Superior el próximo miércoles, considera sustancialmente fundados los planteamientos del PAN, toda vez que el mecanismo y el informe de la CNDH implican el seguimiento de las campañas electorales para efecto de emitir señalamientos, imputaciones y calificar conductas, dentro de un estándar distinto y ajeno a los procedimientos de las autoridades electorales competentes para organizar, supervisar y calificar la elección.
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El proyecto del magistrado dijo que la conformación de “juicios paralelos” o “alternativos” por parte de la CNDH, generan incertidumbre sobre los procedimientos y las autoridades competentes para calificar como irregulares conductas en la materia electoral.
Asimismo, argumentó que existen deberes de cuidado de las autoridades, incluyendo los órganos constitucionales autónomos, para que respecten la integridad de las elecciones, que implican que se encuentran limitados en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que su actuación debe analizarse no sólo a partir de los elementos de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, sino también a partir de sus efectos y consecuencias frente a los deberes de respeto y garantía, entre ellos, el deber de prevención violaciones a los derechos político-electorales.
Cabe destacar que ante las críticas, la CNDH anunció que cesaría las publicaciones de más informes de este tipo.
