EFE.- La ley SB4 de Texas, considerada una de las medidas antimigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos junto con la SB-1070 de Arizona de 2010, ha elevado la tensión en la zona fronteriza de Estados Unidos y México, y ha inspirado a otros estados con gobiernos republicanos a seguir sus pasos.
En medio de la complicada batalla legal entre los gobiernos del estado y federal, que impidió que esta medida entrara en vigor el pasado 5 de marzo, la incertidumbre crece entre los migrantes indocumentados, y también los legales, debido a que se presta para la discriminación racial.
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La medida, impulsada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. El migrante detenido será acusado de un delito menor, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel.
Si el infractor es reincidente, la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión.
La ley permite que la justicia estatal (diferente a los jueces de migración) ordene la expulsión del extranjero sin mediar proceso legal. Un juez podría retirar los cargos si el migrante acepta regresar a México.
La SB4 también prohíbe cualquier política local que restrinja a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de una persona, incluso durante detenciones de rutina —como en las paradas de tráfico— que son promovidas en los llamados “santuarios de migrantes“.
La medida requiere que las autoridades locales destinen recursos como espacio en la cárcel, agentes y fondos para implementar la ley.
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La iniciativa prohíbe a la policía arrestar a migrantes en escuelas públicas o privadas, iglesias y otros lugares de culto, así como en centros médicos. Sin embargo, no menciona a los campus universitarios.
Estados con iniciativas similares
Iowa: La Cámara de Representantes de ese estado aprobó el martes un proyecto de ley que permitiría a la policía detener a ciertos migrantes indocumentados y ordenarles que abandonen el país.
Los migrantes indocumentados podrían enfrentar hasta dos años de prisión si ingresan, intentan ingresar o son encontrados en Iowa, después que se les negara la entrada a Estados Unidos o hubieran sido deportados.
La medida se dirige al escritorio de la gobernadora Kim Reynolds, que ha dado su apoyo a la legislación.
Nuevo Hampshire: El Senado de ese estado aprobó a inicios de mes un proyecto de ley que permite a la policía presentar cargos de invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá. La iniciativa se discute actualmente en la Cámara de Representantes de ese estado.
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Tennessee: El viernes pasado, legisladores de la Cámara Baja de Tennessee aprobaron un proyecto de ley que exige que los agentes de policía informen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se han topado con un indocumentado.
Georgia, Florida, Louisiana y Carolina del Norte: Las legislaturas de estos estados han aprobado o discuten proyectos de ley similares a la ley texana, que imponen duras sanciones a los indocumentados bajo el argumento de que deben actuar para contener la llegada de migrantes.
Arizona: La gobernadora de ese estado, la demócrata Katie Hobbs, tiene en su mesa una medida, bautizada como la Ley de Invasión de Arizona, que criminalizaría a los migrantes al autorizar a los departamentos de policía a detener y arrestar a los extranjeros que cruzan la frontera de forma ilegal.
Este proyecto, impulsado por los republicanos y que previsiblemente vetará Hobbs, también otorgaría inmunidad a los policías y sus departamentos de cualquier acción legal en su contra debido a posibles incidentes ocurridos mientras se aplique la ley.
