Foto: Cuartoscuro
El Instituto Nacional de Migración (INM) se vio envuelto en un nuevo escándalo luego de que dos de sus agentes en Baja California fueran acusados de trata de personas y corrupción.
El pasado 29 de febrero, en un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), se detuvo a María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho —encargado de la estación migratoria en Tijuana—. En su domicilio, las autoridades confiscaron además 15 cartuchos calibre nueve milímetros, uno de ellos con punta expansiva, un millón 90 mil pesos y 27 mil dólares.
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Las autoridades también hallaron cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado de Baja California con la intención de cruzar a Estados Unidos.
En entrevista a medios, David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, Baja California, indicó que dos semanas antes de los hechos, ambos se encontraban de incapacidad médica y, posteriormente, presentaron su renuncia tras darse a conocer el suceso.
“A ellos no los hemos cuestionado nosotros porque ni siquiera se presentaron al instituto, presentaron renuncias sin presentarse”, dijo.
Asimismo, señaló que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) realizó el cateo en el domicilio donde encontraron a los funcionarios, ellos ya no se habían presentado a laborar.
La versión contrasta con la del INM que, en días pasados, informó que ambas personas habían sido separadas de sus cargos, no que habían renunciado.
“La autoridad migratoria aportará elementos que solicite el Área de Especialidad de Control Interno en el Ramo Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que tome conocimiento de los hechos, investigue y proceda en consecuencia”, indicó el INM en el comunicado.
La FGR abrió la investigación y puso a los dos funcionarios del INM a disposición de la autoridad. En la audiencia inicial, el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención y ordenó su libertad inmediata, aunque la indagatoria sigue abierta.
La gobernadora Marina del Pilar señaló que los oficiales “venían trabajando desde hace ya varias administraciones, salieron libres y nuevamente se presenta ese tema, de los jueces que dejan en libertad (a los presuntos criminales)”.
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