El gobierno mexicano participa en el litigio en Estados Unidos sobre la ley SB4 de Texas y presentó este jueves un escrito como amicus curiae, lo que le permite ofrecer su opinión en casos judiciales.
En el documento enviado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, México argumenta que 2.4 millones de connacionales se verán afectados negativamente si se llegara a aplicar esta ley en Texas.
En el documento, el gobierno acusa que la ley será aplicada de manera discriminatoria y promoverá la criminalización de los mexicanos, así como de quienes tengan apariencia latina.
“México considera que la SB 4 no puede aplicarse de manera neutral desde el punto de vista racial. La apariencia latina simplemente no es un factor adecuado a considerar por parte de las autoridades”, se lee.
Además, destaca que la medida ha generado “miedo, pánico e incertidumbre” entre los mexicanos que viven en Texas, sin importar su estatus migratorio, así como en los que viajan por diversión o trabajo al estado.
De acuerdo con México, esta ley también tendría repercusiones en la relación comercial con Estados Unidos ante la gran relación de mercado, turismo y migración estudiantil.
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“Las tensas relaciones diplomáticas impiden sustancialmente la capacidad de México y Estados Unidos para desarrollar, mejorar y mantener conjuntamente un intercambio comercial crítico para la frontera y ambas economías”, agrega.
El gobierno mexicano es representado por la abogada Sinéad O’Carroll; la decisión final del asunto será en una audiencia el próximo 3 de abril.
“México sostiene respetuosamente que el daño descrito anteriormente por la aplicación de la SB4 causaría a los nacionales mexicanos que viven en Texas y a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México supera significativamente cualquier otro que Texas pueda sufrir si se confirma la orden judicial preliminar”, concluye.
