Por Arturo Cerda
La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, defendió la asignación de millonarios contratos de publicidad a empresas de comunicación propiedad de propagandistas de su candidatura a la presidencia.
Latinus informó que el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Sheinbaum otorgó 11 contratos por adjudicación directa por 13.8 millones de pesos a una empresa formada por los moneros José Hernández, Rafael Barajas “El Fisgón” y Rafael Pineda “Rapé” para la elaboración de contenidos digitales.
“Es increíble. Nosotros bajamos el gasto en publicidad a todos, más lo que se daba por debajo de la mesa en el periodo de (Miguel Ángel) Mancera, (ex jefe de Gobierno). Entonces estamos hablando de otra cosa, es una relación franca, abierta, transparente con los medios de comunicación y también el apoyo puedan recibir para poder difundir cuestiones de la ciudad, que en otros gobiernos también se hace. Entonces, no hay nada que esconder”, afirmó.
La candidata de Morena a la presidencia no hizo referencia a la asignación directa de los contratos a un grupo de caricaturistas que abiertamente se ha declarado como simpatizantes de ella y del presidente López Obrador.
En conferencia de prensa en Monterrey, como parte de su tercer día de gira por el noreste del país, respondió a una pregunta sobre el elogio que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, hizo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Creo que nos corresponde a los mexicanos y las mexicanas decidir sobre la Suprema Corte, sobre la política nacional. Entonces, agradecemos las opiniones del embajador, pero creo que le corresponde al pueblo de México. Me llevo muy bien con el embajador, nos vamos a seguir llevando bien, pero en particular en este caso creo que es el pueblo de México es quien decide”, subrayó.
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Sheinbaum ha respaldado el plan de presidente López Obrador para disolver la actual Suprema Corte y convocar a elecciones con el fin de que los ministros sean electos por voto popular y no por los senadores, como dispone la ley actual.
