Por Mauricio Rubí y Jorge Monroy
El 29 de diciembre pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó dos contratos a empresas de reciente creación, que nunca habían sido proveedoras del gobierno, y que fallaron en la entrega de celulares y chamarras para los capacitadores y supervisores electorales.
El INE entregó a la empresa Bell-Krom, creada en el año 2020, un contrato de 18 millones de pesos para la compra de 25 mil chamarras. Dos meses después de la adjudicación, el instituto descubrió que la empresa no estaba cumpliendo con lo prometido.
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Latinus visitó uno de los talleres donde se confeccionaban las chamarras el cual estaba en el interior de una vivienda. Los empleados dijeron no conocer a Bell-Krom ni a las socias de la empresa.
El traspié en el INE se repitió con la licitación para la adquisición de más de 50 mil teléfonos celulares para los capacitadores electorales. La licitación fue ganada por una empresa que obtuvo una mejor calificación que Telcel, la mayor proveedora de servicios de telefonía móvil de México, pero incumplió.
Las dos fallidas contrataciones ocurrieron cuando la Dirección Ejecutiva de Administración del INE estaba a cargo de una funcionaria interina ante la falta de nombramiento por parte de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
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