Captura: INE
Por Jorge Monroy
El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, presentó este miércoles una queja por la utilización del edificio público de la Biblioteca de México, en la Ciudadela, para grabar un spot de precampaña de Claudia Sheinbaum, actual candidata presidencial de Morena, como lo publicó Latinus.
La queja fue presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que deberá hacer las investigaciones para presentar un proyecto en los próximos días a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que resolverá en primera instancia.
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El documento señaló como presuntos responsables a Claudia Sheinbaum, a Morena, así como a Blanca Montoya, administradora de la productora Fantasmas Films, además de Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.
“Se les atribuye el uso indebido de bienes inmuebles federales propiedad de la nación con fines de propaganda político electoral en pleno Proceso Electoral Federal 2023-2024. Violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda por parte de servidores públicos de la Secretaría de referencia en razón del uso indebido de recursos públicos con fines de la precampaña federal, favoreciendo a Morena y Claudia Sheinbaum Pardo”, establece el documento.
“Es importante solicitar que dicha aportación indebida que realiza el gobierno federal para la precampaña de Claudia Sheinbaum sea contabilizada para su tope de precampaña”, añadió.
Además, mencionó que la grabación del spot propagandístico dentro de espacios de la Biblioteca de México transgredió el artículo 134 de la Constitución, en donde se establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La queja presentada por el PRD también refirió una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el recurso de apelación SUP-RAP-140/2009, en donde advirtió como obligación de los servidores públicos aplicar, en todo tiempo, con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad para no afectar el principio de equidad en la competencia entre los partidos políticos.
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El recurso presentado también solicita la vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a fin de que investigue las conductas desplegadas por los servidores públicos involucrados en el permiso a Fantasmas Films y a Morena.
Se argumentó que se actualiza el artículo 11 BIS de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde se contempla una multa y sanción de cuatro a nueve años de prisión a quien use o permita el uso de recursos públicos con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a un o una aspirante, precandidato o candidato de partido o independiente.
Finalmente, solicitó la adopción de medidas cautelares, a fin de hacer un llamado a los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, para que respeten los bienes de la nación, los recursos públicos que estén bajo su mando, para no usarlos o permitir su uso con fines distintos a los permitidos por la ley, además de no favorecer a ninguna opción política, y actuar con imparcialidad y neutralidad.
Latinus publicó hace unos días que la Secretaría de Cultura federal dio permiso en 2023 a una empresa de filmación para grabar un programa de educación cívica en la Biblioteca de México, aunque en los hechos, utilizó ese espacio público en un spot propagandístico de Morena y su entonces precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas, autorizó a Fantasmas Films, sin cobro alguno, la grabación para el 16 de noviembre del 2023, “con la finalidad de apoyar el fomento a la creación de contenidos que promuevan la formación cívica y cultural de la población mexicana y la promoción de la Biblioteca de México José Vasconcelos”.
Contrario a esa disposición, Fantasmas Films realizó una grabación de propaganda electoral en un espacio público, lo que a decir de Jorge Alvoljín, especialista en derecho electoral, esto podría constituir una aportación indebida de sujeto prohibido hacia Morena y su entonces precandidata a la Presidencia.
A la grabación acudieron 22 personas de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, entre ellos, un director y un gerente de producción, un fotógrafo, un asistente de cámara, un encargado de sonido, un vestuarista, un maquillador y un peinador que utilizaron los espacios de la biblioteca José Martínez, la biblioteca Antonio Castro Leal y la entrada de la Biblioteca de México.
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