Ocho países de la Unión Europea exigen sancionar a Rusia por la muerte del opositor Alexei Navalny

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Foto: Shutterstock

EFE.- Ocho países de la Unión Europea —República Checa, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Suecia— han reclamado nuevas sanciones contra Rusia tras la muerte del opositor Alexei Navalny en una prisión del Ártico.

“La muerte de Navalny es otra señal de la represión acelerada y sistemática en Rusia (…) Debemos intensificar nuestros esfuerzos para que el liderazgo político de Rusia y sus autoridades rindan cuentas e imponer más consecuencias por sus acciones, incluso a través de sanciones”, dijeron los ministros de Exteriores de los ocho países en una carta que enviaron ayer al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell y a la que EFE ha tenido acceso.

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En concreto, apoyaron la propuesta a la que ya aludió el propio Borrell la semana pasada de sancionar a nuevos individuos y entidades bajo el régimen de sanciones de la UE contra las violaciones de los derechos humanos, al que se va a bautizar con el nombre de Navalny.

También propusieron crear un régimen de sanciones específicamente “diseñado para abordar la situación en el país”, que se sumaría al que la UE ya tiene en vigor para aplicar medidas restrictivas contra Rusia por la guerra en Ucrania.

Y es que desde que la UE aprobó en 2021 su régimen para sancionar las violaciones contra los derechos humanos en todo el mundo, los individuos rusos lideran la lista.

“El nuevo régimen proporcionaría una base legal sólida para incluir a las personas del aparato represivo de Rusia, incluidos los involucrados en sentencias por motivos políticos contra miembros de la sociedad civil y la oposición democrática (…), como a los responsables de la cadena judicial (fiscales, tribunales y el sector penitenciario)”, aseguraron los ministros en la carta, que también apoyan Francia, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda, aunque no la hayan firmado.

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Según dijeron, los criterios para incluir a nuevos individuos en este nuevo régimen de sanciones deben abarcar “el deterioro de la situación de los derechos humanos, el politizado poder judicial y la represión, incluidas las acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho”.

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