Por José Gerardo Mejía
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, informó que en la Cuenta Pública 2022 se identificaron irregularidades por más de 32 mil millones de pesos en la administración pública, de los cuales aún quedan por aclarar más de 29 mil millones.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, en el recinto legislativo de San Lázaro, Colmenares aseguró que se subsanaron 3 mil 128 millones 187 mil pesos, por lo que quedan pendientes de justificar 29 mil 765 millones 904 mil pesos.
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Mientras que en el gasto federalizado hay un monto por aclarar de 22 mil 892.1 millones de pesos.
Solamente en lo que corresponde a la fiscalización de la tercera entrega, faltan por justificarse 23 mil 916 millones de pesos.
Explicó que “la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más del 64% del monto por aclarar”.
“Durango fue la entidad con más observaciones, toda vez que alcanzó más de 3 mil 900 millones de pesos, seguido de Baja California Sur, Puebla, Michoacán de Ocampo e Hidalgo, cuyos montos por aclarar superaron los mil 300 millones de pesos”, indicó.
Colmenares Páramo explicó que la ASF realizó en conjunto 70 auditorías de cumplimiento financiero, con un universo de ingresos, egresos y cuentas de balance “ de 2 mil 370 millones de pesos, con observaciones por mil 206 y recuperaciones de 105 millones de pesos, respectivamente”.
“Destacan por monto observado las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex Logística; al Programa ‘Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural’ en la atención del Huracán ‘Ágata’ en Oaxaca y al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro; a la Universidad Autónoma de Chapingo; al Conacyt, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)”.
El titular de la ASF reconoció que sólo “hubo recuperaciones de 105 millones de pesos, respectivamente, durante la fiscalización”.
De acuerdo con su mensaje que circuló en el chat oficial de la Cámara de Diputados, el auditor evitó pelearse con la oposición al omitir la frase: “pero que cuando los demonios andan sueltos, estos quieren ver sanciones, sangre y denuncias, donde no las hay”.
Marco Antonio Mendoza Bustamente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció que “en varias ocasiones los convenios que realiza la ASF con las entidades federativas son utilizados con fines políticos para intentar presionar a municipios y funcionarios opositores, como ocurre en Hidalgo”.
“La ASF no puede ser un instrumento de presión política, utilizado por entes ajenos, articulando una falsa narrativa de combate a la corrupción y poder incidir y pervertir de las acciones que emprende la ASF, que es el combate a la corrupción”, afirmó el legislador tricolor.
