EFE.- La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, celebró el viernes su “enorme victoria” contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), condenado a pagar multas por valor de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar.
James, que presentó el caso civil por fraude contra el exmandatario, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos de la Organización Trump, dijo en un hilo de mensajes en X que el republicano “se enfrenta por fin a las consecuencias de sus actos ilegales”.
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La fiscal pertenece al Partido Demócrata, y centró parte de su campaña en atacar al expresidente, por lo que Trump la ha acusado de imparcial y hasta de racista, además de liderar una venganza política contra él.
El viernes, un juez de Nueva York ordenó al exmandatario y a sus empresas pagar unos 355 millones de dólares en multas, y lo inhabilitó para ejercer como director de cualquier empresa en el estado durante los próximos tres años.
Además, sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, tendrán que pagar unos 4 millones de dólares cada uno, y los dos ejecutivos acusados no podrán volver a ejercer como responsables financieros de ninguna compañía en Nueva York nunca más.
Es la pena impuesta por Engoron después de determinar que Trump y el resto de acusados inflaron los valores de sus activos para lograr acuerdos ventajosos con bancos y aseguradoras.
“Los estadounidenses de a pie no pueden mentirle a un banco para conseguir una hipoteca, y si lo hicieran, nuestro gobierno los castigaría”, aseguró la fiscal en su hilo de mensajes.
Poco después, durante una comparecencia en Nueva York, James destacó que la fiscalía ha demostrado “el asombroso alcance de su fraude, y la manera exacta en que Donald Trump y el resto de acusados engañaron a bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras para su beneficio personal”.
“Hoy, el tribunal volvió a fallar a nuestro favor y a favor de todo estadounidense trabajador que sigue las reglas”, ahondó la fiscal.
James había pedido una multa de 370 millones de dólares y un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado contra el exmandatario, que se enfrenta además a cuatro causas penales en diferentes estados del país.
