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Por Diego Soto / Corresponsal
California, EU.- El Departamento de Justicia estadounidense, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, reveló que se han levantado cargos contra 17 personas por contrabandear drogas ocultas en extintores que entraban a Estados Unidos a través de la frontera con México.
Recientemente, se programó una audiencia para formalizar la acusación del último sujeto al que se arrestó en virtud de la determinación de un jurado de acusación federal, que imputó la existencia de un plan para ingresar diversas drogas como fentanilo, metanfetaminas y heroína por contrabando desde México a Estados Unidos.
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La presunta organización de narcotraficantes utilizó camiones para importar extintores llenos con drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos.
“Smoke Jumpers” es el nombre que recibió la operación y duró dos años. Como resultado, las autoridades realizaron 13 aseguramientos con 680 mil 992 píldoras de presunto fentanilo, tres kilogramos de presunto fentanilo en polvo, 17 kilogramos de heroína y 10 mil 418 píldoras que contenían presuntas metanfetaminas.
Asimismo, nueve personas acusadas por diversos cargos fueron arrestadas durante operativos policiales que comenzaron el 8 de febrero y continuaron durante el 12 de febrero. Un acusado se encontraba bajo custodia de las autoridades estatales, pero hay otros siete acusados que están prófugos y se cree que se encuentran en México.
“Estos acusados usaron una red sofisticada para el contrabando de grandes cantidades de fentanilo a nuestro país”, señaló el fiscal federal Martín Estrada.
Además, refirió: “Sabemos que cada píldora de fentanilo puede ser letal, pero a estos acusados no les importaba la destrucción generalizada que estaban causando. Nuestra institución seguirá trabajando de manera inteligente y enérgica para llevar ante la justicia a organizaciones internacionales de narcotráfico”.
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No fue el único funcionario de Estados Unidos en pronunciarse al respecto. Amir Ehsaei, director adjunto interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, reveló el reto que tienen.
“Las autoridades de aplicación de la ley siguen estando a la altura de los desafíos que plantean las organizaciones de narcotráfico, cuyos miembros siempre encuentran nuevas formas de ocultar las sustancias venenosas que importan de México a ciudades y pueblos en Estados Unidos”, expresó Amir Ehsaei.
El director adjunto interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles reveló que ofrecen una recompensa para localizar a los fugitivos.
“El FBI y nuestros socios en el Equipo Especial están buscando a siete fugitivos en relación con este caso y piden que toda persona que tenga información sobre su paradero se ponga en contacto con el FBI”.
La imputación formal consta de 15 cargos y se publicó el 8 de febrero. Acusa a varias personas de cargos de tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero.
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Los nueve acusados que fueron arrestados son: Oscar Ahumada Leyva, de 43 años, de México; Miguel Antonio Rabago Valenzuela, de 42 años, de México; Gustavo Rivero Rodríguez, de 39 años, de México; Carlos Espinoza, de 38 años, de Alhambra; Erick Roque Ángeles, de 39 años, de Fontana; David Sánchez Balderas, 26 años, de Denver; Fernando Salgado, de 36 años, de Riverside; Rocío Guadalupe Acevedo Tonche, de 32 años, de Ontario; Efren Quibrera Espinoza, de 29 años, de Cudahy.
Seis de los acusados quedaron bajo custodia en las regiones de Los Ángeles e Inland Empire. Cinco de ellos han sido imputados formalmente y se declararon no culpables y se dispuso su vinculación a juicio para el próximo 2 de abril.
Se prevé que Erick Roque Ángeles sea imputado formalmente ante el Tribunal Federal de Distrito en Los Ángeles. Un décimo acusado es Toniel Báez Duarte, de 33 años de edad y originario de Apple Valley. Ya se encontraba bajo custodia de las autoridades estatales.
Una orden que autorizó a examinar uno de los teléfonos incautados cuando Carlos Espinoza fue arrestado la semana pasada, precisa que la investigación se centró en “Carin Trucking“, una organización perteneciente a Leyva y con sede en San Diego que operaba con al menos seis camiones que ingresaban habitualmente a Estados Unidos desde México para llevar a cabo la entrega de presuntos narcóticos en Los Ángeles.
Las presuntas drogas incluían píldoras falsificadas que contenían fentanilo y fueron localizadas en extintores disimulados como chatarra y posteriormente, en extintores que simulaban ser legítimos, según indica la orden de registro presentada el lunes 12 de febrero.
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“Los investigadores han observado múltiples transacciones de drogas que involucran a conductores de camiones y sus unidades con acoplado”, según indica una declaración jurada en apoyo a la orden de registro.
“El conductor del camión conducía a Estados Unidos desde México y cruzaba la frontera, generalmente llevando una carga de chatarra, pero oculto entre la chatarra se encontraba un extintor que contenía drogas. El conductor del camión se dirigía entonces a Los Ángeles para reunirse con un mensajero, quien recogería los extintores cargados con drogas para su distribución”, señala el gobierno de Estados Unidos.
La acusación alega dos cargos de conspiración relacionados con narcóticos y 12 delitos de posesión de drogas. Para cada uno se prevé una pena mínima de 10 años en una prisión federal y posible pena de cadena perpetua.
El cargo 15 se sustenta en la existencia de una posible conspiración con fines de lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
La operación “Smoke Jumpers” fue dirigida por el equipo especial del FBI en Los Ángeles, que es parte de una Iniciativa de Equipos Especiales de los Grupos Operativos contra las Drogas y la Criminalidad Organizada (OCDETF) y prevé el establecimiento de grupos operativos permanentes de carácter interinstitucional que trabajan de forma estrecha.
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Este modelo permite que agentes de diferentes organismos colaboren en operaciones en múltiples jurisdicciones basadas en datos de inteligencia para interceptar y desarticular a los traficantes de drogas —responsables de delitos como lavado de dinero—, líderes de bandas y organizaciones delictivas transnacionales importantes para estas actividades ilícitas.
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