Por Fidel Pérez/ corresponsal
Veracruz.-La fiscalía de Veracruz informó este viernes que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Winckler, exfiscal estatal, como probable responsable del delito de tortura, luego de que un juez de Almoloya de Juárez determinó cambiar la medida cautelar a prisión preventiva domiciliaria.
El exfiscal fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) Veracruz por los hechos ocurridos en mayo del 2018, cuando se desempeñaba como fiscal general estatal.
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“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, será presentado en audiencia inicial ante el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 47/2022″, indicó la dependencia.
Un juez de Control de Distrito, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, determinó que el cambio en la medida cautelar luego de que el exfiscal obtuvo un amparo en el proceso que sigue por desaparición forzada y secuestro.
En su traslado hacia los juzgados del penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, Veracruz, la nueva orden de aprehensión fue cumplimentada, ahora por el delito de tortura.
La fiscalía estatal indicó que es por los hechos que ocurrieron en mayo del 2018, en agravio de Francisco Zárate Aviña, escolta del exfiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras.
Momentos antes de su arribo al penal de Pacho Viejo, autoridades de seguridad implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en donde daría inicio su audiencia inicial.
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Winckler fungió como fiscal general de Veracruz desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2019, cuando fue destituido por no revalidar su certificado de confianza.
La fiscalía de Veracruz imputó los delitos mencionados y logró que se dictara prisión preventiva oficiosa por un año tras su detención en 2022.
A pesar de las acusaciones, Winckler ha negado los cargos y acusó ser víctima de una persecución política. Incluso antes de huir, rechazó haber cometido delitos y criticó la emisión de la orden de aprehensión como una maniobra política.
