Foto: EFE
La International Chamber of Commerce México (ICC) afirmó este lunes que el paquete de reformas propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo el modelo democrático y desmantela al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Ante esto, la organización llamó a que los legisladores reflexionen sobre los riesgos que conllevarían las reformas por las afectaciones contra instituciones encargadas del combate a la corrupción.
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“Ponen en riesgo el modelo democrático y establecen el desmantelamiento de instituciones clave (…) Exhortamos al Congreso y a la sociedad en general a valorar estos riesgos y a adoptar un diálogo constructivo”, señaló.
La organización se remitió a las cifras de Transparencia Internacional que colocan a México en el sitio 26 de 186 entre los países más corruptos a nivel mundial.
La ICC criticó la propuesta, de entre las 20 iniciativas, que busca eliminar los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El organismo destacó que el INAI ha ayudado a hacer pública “información crucial para develar los grandes desfalcos y redes de corrupción“, como el caso de la brasileña Odebrecht.
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“Sin transparencia e información respecto al uso de recursos públicos, combatir la corrupción se reduce a una buena intención“, agregó.
Por otra parte, acusó que la reforma al Poder Judicial del mandatario provocaría el desmantelamiento de la institución al modificar la selección de ministros y magistrado, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y establecer un Tribunal de Disciplina Judicial.
“Eliminar a la Suprema Corte actual y sustituirla por una integración completamente nueva implica un riesgo del equilibrio de poderes, especialmente en el poder que se encarga de determinar los límites de las autoridades frente a los derechos”, precisó.
También rechazó la propuesta de integrar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la Secretaría de la Función Pública (SFP), perteneciente al gobierno porque “implica implícitamente una visión de permitir y proteger” la corrupción.
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