EFE.- El gobierno colombiano declaró este lunes la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.
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“Acabamos de aprobar por unanimidad en el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la declaratoria de emergencia carcelaria que tiene dos finalidades: una, proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles, y la otra, erradicar completamente la extorsión y la corrupción que provengan de las cárceles”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La medida se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Inpec, de la cual el hecho más reciente es el del militar Jesús Cárdenas, asesinado a tiros el sábado por dos hombres armados cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, de Cartagena, mientras desayunaba.
El director del Inpec explicó que con el decreto de emergencia carcelaria se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los líderes de bandas como “La Inmaculada“, que el fin de semana desató el terror en Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca.
Por la captura de Mauricio Marín Silva, alias “Nacho“, uno de los jefes de “La Inmaculada”, conocida también como “La oficina”, esa banda criminal asesinó a un guardia de tránsito, quemó ocho vehículos y amenazó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.
Ante esa situación, las autoridades del Valle del Cauca militarizaron la ciudad y, según informaron este lunes, la situación está controlada.
Osuna explicó hoy que se dispondrá de dinero para comprar equipos bloqueadores de la señal de teléfonos celulares en las cárceles, que son utilizados por presos para extorsionar e incluso planear otras acciones criminales.
Adicionalmente se seguirán haciendo allanamientos e inspecciones sorpresivas en las cárceles y se trasladarán presos de los que se sospecha están delinquiendo desde las cárceles.
Lo que se busca al bloquear las señales es que los reclusos no puedan “comunicarse fácilmente ni establecer ningún laso con la guardia penitenciaria ni con personas desde la cercanía de la cárcel”, explicó Osuna.
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El Inpec administra 125 centros carcelarios en todo el país con capacidad para 81 mil 740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101 mil 976 personas privadas de la libertad.
