Por Julio Astorga
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe hacer públicos los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya celebrado para la adquisición del software de espionaje Pegasus.
Lo anterior, al resolver dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en los que ordenó que se entregaran versiones públicas de los contratos.
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Los proyectos, elaborados por el ministro Alberto Pérez Dayán, fueron aprobados por mayoría de nueve votos.
Las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres se posicionaron en contra del proyecto, pues consideraron que es correcto que la Secretaría de Hacienda reserve dicha información por motivos de seguridad nacional.
La dependencia federal había reservado la información por cinco años después de que dos solicitudes ingresaron en el 2021 a través de la plataforma nacional de transparencia luego de que el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 32 millones de dólares en la compra del software de espionaje.
Hacienda argumentó que, de divulgarse los contratos para adquirir Pegasus, se pondría en riesgo la seguridad nacional por lo que se negó a entregar la información.
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Con la resolución de la Suprema Corte quedan firmes los criterios del INAI para que se hagan públicos los contratos que se hayan celebrado en el sexenio de Peña Nieto para la compra de dicho software.
Organizaciones ciudadanas como la Red en Defensa por los Derechos Digitales han denunciado que el software fue utilizado por el ejército mexicano para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
