Por Mauricio Rubí
La reforma al sistema de pensiones que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea crear un fondo conformado por recursos de múltiples fuentes, que van desde destinar el 75% del dinero proveniente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y los adeudos que tengan instituciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta usar el fideicomiso del Poder Judicial y los recursos obtenidos por desaparecer órganos autónomos.
Mediante una reforma al artículo 123 constitucional, el Ejecutivo plantea dejar estipulado que los trabajadores de 65 años que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS, y aquellos que estuvieron bajo el régimen de cuentas individuales que cotizaron en el ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión por retiro sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado ante el Seguro Social.
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“El salario promedio del IMSS al que se hace referencia se obtiene a partir del salario diario multiplicado por un factor de 30.4, que representa las 12 fracciones que tiene un año. A dicho salario se le ajustará la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda“, señala.
De acuerdo con el proyecto de reforma a la Carta Magna, esta última percepción a la que se hace referencia sería hasta por 16 mil 777 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación estimada para 2024.
La reforma constitucional de López Obrador crearía un Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México, y se integraría por aportaciones del gobierno federal provenientes de diversas fuentes.
Por ejemplo, el 75% de los recursos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y recursos del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
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También se obtendrían recursos de la venta de bienes inmuebles sin construcción que son propiedad de Fonatur, y del cobro de adeudos que dependencias, Congreso de la Unión, Poder Judicial, poderes autónomos y entidades federativas tengan con el SAT, IMSS e ISSSTE.
Además, de los recursos de la subcuenta de retiro y de la subcuenta de vivienda de los trabajadores.
Como aportaciones complementarias para el fondo, se propone echar mano de los recursos que integraban el fideicomiso del Poder Judicial, así como el dinero obtenido por eliminar órganos autónomos y organismos que representen duplicidad de funciones, entre otras fuentes de financiamiento.
