Por José Gerardo Mejía
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para que los consejeros electorales y los magistrados sean electos por el voto popular. También busca que el número de diputados federales pase de 500 a 300, y el de senadores, de 128 a 64.
De acuerdo a una de las 20 iniciativas constitucionales que el mandatario envió este lunes a la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEyC) sustituiría al Instituto Nacional Electoral (INE).
“Los integrantes del Consejo General del INE cesarán en sus funciones al momento en que sea declarada la elección de las personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y estas rindan protesta de ley”, subraya el documento, en concordancia con el planteamiento del Ejecutivo en su llamado plan B.
En caso de ser aprobada la iniciativa, quedarían extinguidos los organismos públicos locales electorales a partir de la instalación del Consejo General del INEC.
“Sus recursos financieros y materiales se transferirán al INEC. Se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a cada uno de dichos organismos, las que, de formar parte del Servicio Profesional Electoral, podrán ser transferidas al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, se lee en la iniciativa.
En otro transitorio, se indica que “a partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cesarán en sus funciones”.
“En el mismo momento quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas, y su respectivo patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente”, añade.
La iniciativa del mandatario, que requiere la aprobación de las dos terceras partes de los diputados que asistan a la sesión en la que se lleve a cabo la votación, propone además eliminar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
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“Se crean dos órganos: el de administración judicial (que se encargaría de la administración del Poder Judicial) y el Tribunal de Disciplina Judicial, quien observaría la disciplina del personal”, señala la iniciativa.
El Ejecutivo federal planteó que cada uno de los tres poderes federales podrá postular hasta 10 personas de manera paritaria para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
“El Ejecutivo lo hará por conducto del presidente de la república, el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará por mayoría de seis votos”, resalta el documento.
La iniciativa establece que los poderes de la Unión que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva, no podrán hacerlo posteriormente.
López Obrador planteó que los titulares de la presidencia y los consejeros electorales durarán en su cargo seis años.
“Los aspirantes serán votados de manera directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional el primer domingo de junio de las elecciones ordinarias del año que corresponda”, explica en el documento entregado hoy por Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación.
La iniciativa presidencial resalta que “las consejeras y consejeros electorales del INE y las magistradas y magistrados del TEPJF que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto serán elegibles para participar en la elección extraordinaria que se celebre para renovar dichos órganos electorales”.
Con la reforma, será la Cámara de Diputados la que emitirá la convocatoria para la integración de la lista de candidaturas a consejeros electorales el día en que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección con “procedimientos, fechas y plazos improrrogables”.
“Las personas candidatas propuestas para ocupar el cargo de consejeras electorales tendrán derecho de acceso a radio y televisión en los tiempos que establezca esta Constitución. Está prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión para promocionar candidatas y candidatos y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de candidatura alguna”, añade la propuesta presidencial.
