Hace casi 25 años, la tercera fiscalía encargada de investigar el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta desechó la teoría de un segundo tirador que participó en el atentado contra el candidato del PRI a la presidencia para las elecciones de 1994.
Sin embargo, esta semana la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que pidió a un juez la aprehensión de Jorge Sánchez Ortega, un exagente de inteligencia del gobierno de México, a quien acusa de ser el segundo tirador.
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la FGR revivieron la investigación del homicidio bajo el argumento de que se trató de un crimen de Estado en el que estaría involucrado Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, quien en 1994, a los 26 años, trabajaba en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen).
El equipo que encabezó Luis Raúl González Pérez, posteriormente presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concluyó que la teoría del segundo atacante, quien habría disparado al abdomen del político, se basó en declaraciones dudosas de testigos, peritajes con diversas fallas y suposiciones del tercer fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla.
Jorge Romero Romero, María Belem Mackliz Romero y Jorge Amaral Muñoz, quienes acudieron al mitin del 23 de marzo en Tijuana, declararon haber visto a un hombre con una pistola caminando junto a Colosio.
Esa persona era Othón Cortés, un militante del PRI que también fue a la concentración y al momento del disparo caminaba junto al candidato.
Las declaraciones fueron fundamentales para encarcelar durante dos años a Cortés, a quien posteriormente se exoneró porque al menos videos demostraban que caminaba junto al coordinador de seguridad de Colosio.
Un juez desestimó las declaraciones de los tres testigos por considerarlas “extemporáneas, incongruentes y contradictorias”; la nueva acusación también se basa en la declaración de una testigo que dice haber visto al exagente del Cisen disparar un arma contra Colosio.
“No obstante las insuficiencias que presentaron, los dictámenes elaborados durante las gestiones de los licenciados Diego Valadés y Miguel Montes García arribaron a la conclusión de que Mario Aburto Martínez había realizado los dos disparos en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, tomando en cuenta para ello, válidamente, la evidencia jurídica demostrativa de tal aserto”, señala el estudio que se consideraba definitivo hasta que la fiscalía revivió la teoría.
“En tanto que el único que establece sin sustento lo contrario fue el licenciado Pablo Chapa Bezanilla, quien esgrimió la tesis del segundo disparador con elementos carentes de apoyo jurídico y técnico”, agrega.
Las investigaciones en torno al homicidio del candidato priista recayeron en tres procuradores de justicia, quienes a su vez eligieron a cuatro fiscales: Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa y González Pérez.
Las teorías fueron de una “acción concertada” para liquidar a Colosio, del primero, al “asesino solitario”, luego al segundo tirador, para terminar con la del único responsable.
La investigación de González Pérez, de casi 600 páginas revisó los peritajes, declaraciones, pruebas, videos, fotografías, además hizo una larga investigación sobre Mario Aburto, el asesino confeso.
La revisión muestra que desde el principio hubo tropezones en el caso, ya que la investigación no tomó en cuenta, por ejemplo, los peritajes practicados a la chamarra del candidato para determinar si la herida del abdomen había sido hecha por la misma arma.
También se encontró que al reconstruir los hechos, los peritos no utilizaron cinta métrica para medir la distancia del sitio en que ocurrió el ataque hasta el auto en que lo llevaron al hospital, ni llevaban brújula para determinar la posición en que cayó el cuerpo.
