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Los centros de votación abrieron este domingo en El Salvador para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que el actual presidente, Nayib Bukele, busca la reelección para un segundo mandato consecutivo y figura como gran favorito.
Hay un total de mil 595 centros organizados en diferentes partes del país y en los cuales han sido desplegados unos 24 mil elementos de la Policía Nacional y más de 3 mil observadores nacionales y extranjeros.
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Estaba previsto que los centros comenzaran a recibir a los votantes a las 7:00 de la mañana (hora local), pero en algunos la apertura se retrasó varios minutos.
De acuerdo con autoridades de la policía y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no se registran percances y se espera que la jornada electoral, con una duración de 10 horas, se desarrolle con tranquilidad.
La presidenta del TSE, Dora Martínez, aseguró durante un mensaje en cadena nacional de radio y televisión que “institucionalmente estamos listos, con todas las condiciones necesarias para recibir al electorado”.
Los más de 5.5 millones de salvadoreños convocados a votar deben elegir a su próximo presidente entre una terna de seis partidos políticos, entre ellos el oficialista Nuevas Ideas (NI), de Bukele, quien busca una reelección que, según las encuestas, obtendría.
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Bukele, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.
El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría oficialista sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.
La popularidad de Bukele está apuntalada por el cambio en el ambiente de seguridad que, según encuestas de opinión ciudadana, se vive en el país. En el pasado, El Salvador fue señalado como uno de los más violentos del mundo, ahora, más del 80% de la población cree que la situación ha mejorado.
Desde hace casi dos años, el país vive bajo un régimen de excepción que se renueva cada mes por petición de Bukele en el Congreso y que supone la suspensión de derechos ciudadanos fundamentales como el de tener derecho a un abogado o el de ser informado de los motivos de detención.
Bajo ese contexto, más de 76 mil personas han sido encarceladas —el 90% está sin sentencia judicial— y aunque esa estrategia es ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, constituye los cimientos de la política de “mano dura” que Bukele planteó para luchar contra la delincuencia y las pandillas en sus últimos años de mandato.
Con información de EFE y AP
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