AMLO propone la extinción de la Judicatura y la elección popular de ministros, magistrados y jueces en anteproyecto de reforma

Foto: Cuartoscuro

Por José Gerardo Mejía

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una reforma para elegir de manera directa y secreta a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados de circuito, de manera similar a como se lleva a cabo en países como Bolivia.

De acuerdo con un anteproyecto de 109 páginas que circuló este fin de semana entre algunos legisladores de Morena. “Las magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, concluirán su encargo el primero de octubre de 2025”, se lee en el documento.

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Dicha elección, se llevará a cabo “el primer domingo de junio de cada tres años, ya sean elecciones intermedias o para la elección de la presidencia de la República, senadurías y demás cargos en elección popular”.

En el 2011, Bolivia, siendo presidente Evo Morales, llevó a cabo la primera elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular

El documento, cuya copia tiene Latinus, está dirigido a Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, aunque cabe aclarar que aún no cuenta con sellos oficiales. Es una de al menos 20 iniciativas que el Ejecutivo federal enviará la tarde del próximo lunes a la Cámara de Diputados.

De acuerdo a la propuesta, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quedará extinto con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, los cuales iniciarán sus funciones el primero de septiembre de 2025.

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En esa fecha, tomarían protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto.

La convocatoria estaría a cargo del Senado de la República, con las etapas completas del procedimiento, fechas y plazos improrrogables, que deberá emitirse el 1 de septiembre de cada tres años, día en que se instala el primer periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión.

“Con esto se prevé la existencia de condiciones temporales que permitan a los Poderes de la Unión proponer, procesar, votar y postular oportunamente hasta diez personas candidatas, mismas que deberán tener una distribución paritaria de género”, indica el documento.

La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo postulará 10 candidaturas; el Poder Legislativo, a cinco personas por cada Cámara mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial, por conducto del Pleno de la SCJN, hasta diez candidaturas, con mayoría de seis votos.

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La reforma propuesta modifica de manera integral el artículo 96 constitucional en sus dos párrafos vigentes, a fin de asentar el principio democrático

En caso de ser aprobada la iniciativa, por única vez, el Senado de la República tendrá un plazo de 20 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto para emitir la convocatoria para integrar la lista de las personas aspirantes que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La iniciativa subraya que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto, no podrán ser mayores a la establecida para el presidente de la República.

Además, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo en los términos del artículo segundo transitorio del decreto no serán beneficiarias de un haber por retiro.

Se propone que, concluida la jornada electoral, el organismo público electoral realice el escrutinio y cómputo de los votos y los comunique de inmediato al Senado de la República para que realice y publique la suma, y remita sus resultados a la Sala Superior del PJF para que resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare sus resultados.

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