Por Jorge Monroy
De las 921 personas que intentaron ser contratadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como supervisores y capacitadores electorales siendo militantes de algún partido político, el 66% eran afiliados a Morena y sus aliados del PVEM y PT.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE frenó la contratación de esas personas porque, contrario a lo que indica el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes (CAE), consintieron tener afiliación a algún partido político en el último año.
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De acuerdo con el expediente, de las 921 personas, el INE encontró pruebas preliminares de que 513 tenían militancia en Morena; 60 en el Partido Verde Ecologista de México y 37 en el Partido del Trabajo, con lo que sumaron 610 personas, es decir, el 66% de quienes intentaron ser CAE teniendo militancia partidista. Los partidos Morena, PVEM y PT conforman actualmente la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.
La mayoría de los 609 involucrados son originarios de Tamaulipas, Puebla, Baja California, Zacatecas, Estado de México, Sonora, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.
El resto, 311 personas, de quienes el INE frenó su contratación como CAE tenían militancia en el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
En el caso del PRD, la mayoría de las personas estaba en Michoacán, Veracruz, Ciudad de México y Tlaxcala; mientras que del PRI, en Nuevo León, Michoacán, Hidalgo y Guanajuato. De Movimiento Ciudadano, eran de Jalisco y Nayarit.
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El 22 de noviembre del 2023, el Consejo General del INE aprobó la prohibición de la militancia en el año anterior al proceso electoral para ser contratado como Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes (Caes).
Aprobó una adenda de precisiones al Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de Caes, para determinar que en caso de existir una afiliación a algún instituto político, podrán desconocer o negar la afiliación, lo que daría inicio a un procedimiento sancionador oficioso.
Los consejeros Claudia Zavala, Arturo Castillo y Rita Bell López Vences, coincidieron en que la medida cautelar aprobada en la Comisión de Quejas para frenar la contratación de esas 921 personas es para garantizar los valores de equidad e independencia en el actual proceso electoral.
