Segob solicita juicio político contra juez: lo acusa de favorecer a integrantes de grupos criminales

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este martes ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez, al que acusa de favorecer a integrantes de grupos criminales.

“Se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, explicó la dependencia en un comunicado.

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Contreras Martínez es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Segob, acusó que el grupo criminal al que habría favorecido el juez Crescencio Contreras está presuntamente vinculado con el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

La Secretaría de Gobernación aseguró que las decisiones del juez no han sido apegadas a los principios constitucionales y legales, “debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.

El pasado 30 de diciembre, se dio a conocer que 31 migrantes fueron secuestrados por un grupo de hombres armados cuando viajaban en un autobús por la autopista Matamoros-Reynosa, para asistir a su cita de asilo humanitario en Estados Unidos.

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Un día después, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó en sus redes sociales que habían encontrado a cinco de los migrantes secuestrados.

La demanda de juicio político se debe presentar ante la Cámara de Diputados, que actuará como órgano de acusación, y en caso de avanzar, se presentará al Senado para que emita una sentencia.

Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, el servidor público podrá ser sancionado con la destitución, o bien, se le podrá imponer la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por hasta 20 años.

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