Por Fernando Miranda / Corresponsal
Oaxaca.– A más de 48 horas de ser detenidos tras una marcha-calenda para protestar contra la gentrificación —que ha disparado el costo de la vivienda y los servicios en Oaxaca—, cuatro activistas y defensores de derechos humanos permanecen en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), al tiempo que organizaciones sociales y colectivos exigen su liberación inmediata.
El sábado, una protesta ciudadana en la que se realizaron pintas y se rompieron cristales de negocios del Centro Histórico derivó en la detención de seis manifestantes, a quienes el gobierno de Oaxaca acusa de causar daños en propiedad ajena y espacios públicos, vandalismo y agresiones. Dos personas ya fueron liberadas.
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Este lunes, integrantes de organizaciones sociales se manifestaron afuera de Ciudad Judicial —donde se encuentran presos los activistas— para exigir su liberación inmediata tras acusar que se trató de detenciones arbitrarias, pues no existían órdenes de aprehensión, y que hubo un uso excesivo de la fuerza de parte de elementos de la Policía Estatal.
Los defensores de derechos humanos que aún permanecen presos son Filadelfo Aldaz Deciderio, Sergio Andrés Céspedes Fernández, Ricardo Martínez Contreras y Antonio Díaz Miramón, quienes realizan activismo a través de los colectivos La Comedora Comunitaria, La Campamenta y Cojudidi, según lo indicó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
“Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros activistas y defensores de derechos humanos y el fin del hostigamiento judicial y jurídico a las compañeras Nizayeéjh Chávez y Metztli Jiménez, quienes ya fueron liberadas, pero para quienes no ha cesado la presión del estado”, declararon los manifestantes durante la nueva protesta.
Testimonios de los dos detenidos que ya fueron liberados, se les mantuvo incomunicados por más de cinco horas y se les impidió contar con asesoría legal.
Al superarse las 48 horas, distintas organizaciones se han sumado a los señalamientos contra las autoridades estatales, las cuales, alertaron, podrían intentar fabricar delitos a los activistas detenidos.
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Hasta el momento se han sumado a las protestas familiares de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, familias víctimas desplazadas de la región triqui y otros colectivos.
Las organizaciones denuncian “la criminalización de la protesta social contra el saqueo territorial y cultural que sufren los pueblos de Oaxaca”, así como persecución contra activistas y defensores y represión policial desplegada desde el gobierno estatal.
La nueva protesta se materializó luego de que esta mañana, el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, justificó las detenciones, descalificó los objetivos de la movilización y condenó que se trató de “una protesta racista” porque alimentaba el odio en contra de extranjeros y turistas porque entre las pintas se leían mensajes como “pinches blancos”.
“La lucha racista es repudiable. Ahí tenemos el ejemplo de Hitler, que creyó que era de una raza superior, yo no sé si estos jóvenes son de una raza superior, pero en Oaxaca no hay razas superiores”, afirmó el mandatario.
Jara Cruz reclamó que los manifestantes agredieron a turistas que participaban en la celebración de una boda que se cruzó con la marcha, por lo que insistió que el mensaje de la manifestación era de odio.
“No hay simpatía de la población con estas causas. El odio y el racismo no es una causa, no tiene cabida en nuestro estado”, dijo el gobernador, quien evidenció que desconoce cómo opera el racismo y que no existen condiciones estructurales de desigualdad y desventaja para que los extranjeros puedan ser víctimas de racismo de parte de los oaxaqueños y, por tanto, no existe como tal el racismo inverso.
Además, el gobernador evadió responder si su administración tomará acciones para frenar el aumento de precios de la vivienda y los servicios, efectos de la gentrificación que terminan por desplazar a los pobladores locales, quienes son sustituidos por extranjeros que sí pueden costear el nuevo estilo de vida.
Latinus consultó con la fiscalía oaxaqueña exactamente cuáles son los delitos que se le imputan a cada uno de los activistas y cuándo termina el periodo legal para que se determine si se les vincula a proceso por los mismos, pero el área de comunicación social dijo que no contaba con dichos datos.
