Foto: Cuartoscuro
Por Alina Navarrete Fernández / Corresponsal
La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores de edad por la incorporación de 20 menores de edad a la policía comunitaria en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, zona asediada por el grupo criminal “Los Ardillos”.
En un comunicado, la institución informó que procedió “con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez (…) a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores”.
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“La FGE coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”, informó la fiscalía.
El órgano judicial señaló que en el municipio se mantiene de forma permanente una base de operaciones mixtas, conformada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad de la zona.
Finalmente, la fiscalía se comprometió a “promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes consagrados en instrumentos y tratados nacionales e internacionales”.
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El pasado miércoles, en la comunidad indígena de Ayahualtempa, un grupo de cinco niñas y 15 niños recibieron armas para tomar protesta como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La suma de los menores a las filas de la Policía Comunitaria se dio luego de que el 18 de enero pasado Cecilia Gaspar Hernández, su esposo José Teodoro Domingo y sus hijos, Roberto y Gaudencio, fueron privados de su libertad en Zacatepec, municipio de Chilapa de Álvarez, esto pese a que las autoridades desplegaron operativos en la zona. A la fecha se desconoce su paradero.
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