AP.- La fiscal general guatemalteca Consuelo Porras dijo el miércoles que no renunciará —como se lo ha pedido el presidente Bernardo Arévalo— y amenazó con tomar acciones judiciales contra aquellos que intenten removerla del cargo.
“No voy a renunciar”, dijo la mujer de 70 años en un video hecho público por la fiscalía, mismo día en que Arévalo la citó para que presentara un informe sobre cuatro puntos específicos en los que la dependencia participa.
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La funcionaria citó varias resoluciones judiciales para argumentar que tampoco está obligada a ir a la cita, “por ser una institución autónoma e independiente”.
“Usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, agregó al sostener que la Constitución establece su mandato y que lo cumplirá.
Arévalo le solicitó la renuncia a Porras tras recibir solicitudes de autoridades indígenas que durante más de tres meses protestaron frente a la fiscalía y bloquearon carreteras en el país por su intento de desconocer los resultados electorales y las acciones judiciales contra el proceso electoral que pusieron en riesgo la gobernabilidad del país.
Porras ha sido sancionada dos veces por el gobierno estadounidense, que la considera responsable obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país centroamericano.
Arévalo le solicitó información sobre el avance de procesos penales a cargo de la fiscalía tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a Guatemala y los criterios de políticas de persecución penal respecto de la libertad de expresión y prensa por haber acusado a periodistas.
También le pidió informes sobre investigaciones penales por la compra de vacunas contra la Covid-19, el presunto pago de sobornos a funcionarios del pasado gobierno, así como su protocolo de acción al momento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a posibles víctimas.
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En su discurso, Porras exhortó al presidente a respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones de las cortes que negaron recursos legales para facilitar su remoción. “Toda acción en contrario puede ser ilegítima”, dijo.
La Secretaría de Comunicación de la presidencia indicó que el mandatario no tenía previsto una conferencia de prensa para hablar del tema.
Arévalo tiene varías opciones para buscar la salida de Porras de su cargo, entre ellas una reforma a la ley del Ministerio Público. Aunque el partido del presidente no es mayoría, cuenta con una alianza de más de 100 diputados de 160 Congreso para reformar esa norma.
