La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló este martes una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 12 de diciembre en la que advirtió un riesgo de fuga de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, al revocarles la medida cautelar de prisión preventiva y permitir que sigan su proceso en libertad.
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“Existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron”, dice la misiva firmada por Luis Alcalde y dirigida a la ministra presidenta Norma Piña.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
El escrito fue publicado tras la polémica que generó el fin de semana la decisión de una jueza federal del Estado de México de modificar la medida cautelar de los ocho militares “por falta de pruebas”, por lo que seguirán su proceso en libertad condicional al pagar 50 mil pesos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el actuar del Poder Judicial, al argumentar este martes que en esta carta habían alertado a la titular de la Suprema Corte de las implicaciones de liberar a los militares.
“Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, apuntó Luisa Alcalde en sus redes sociales.
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En tanto, Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, aseveró el domingo que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación.
La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.
La investigación desacreditó la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como “verdad histórica”, sobre que policías detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
Con información de EFE
